El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó este miércoles el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Ambiental. Esta iniciativa tiene como objetivo actualizar y clarificar la normativa ambiental existente, particularmente en la gestión de impactos ambientales y servicios, además de alinearla con compromisos internacionales para garantizar una gestión ambiental más eficaz.

Antes del debate, los asambleístas escucharon a Marcelo Salame, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Carbono, y a la consultora ambiental Alexandra Jami, quienes intervinieron en comisión general. Salame señaló que Ecuador es el único país fuera del mercado voluntario de carbono, lo que representa pérdidas anuales de aproximadamente 2.000 millones de dólares. Asimismo, destacó que la inclusión en dicho mercado permitiría rentabilizar los recursos naturales, conservar la biodiversidad y generar hasta 150.000 empleos rurales.

Por su parte, Alexandra Jami solicitó la revisión del artículo 180 del proyecto, el cual limita el ejercicio de la consultoría ambiental a los profesionales con títulos de tercer nivel en ciencias ambientales, excluyendo a otros profesionales del sector. Expresó su preocupación por las consecuencias laborales para numerosos trabajadores de este ámbito en el futuro.

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Guido Vargas, presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales y ponente del informe, detalló el proceso legislativo de la propuesta. Este incluyó 13 comparecencias de autoridades y expertos, incorporando observaciones del primer debate. Según Vargas, el proyecto establece un marco regulatorio claro que mejorará el cumplimiento de las obligaciones ambientales, fortalecerá la protección de los ecosistemas y promoverá el manejo sostenible de los recursos naturales.

Durante el debate, varios legisladores destacaron la importancia de este nuevo marco jurídico para impulsar políticas de protección a la naturaleza, la conservación de ecosistemas y la remediación ambiental en actividades extractivas. Se subrayó la inclusión de Ecuador en el mercado voluntario de carbono como una herramienta clave para financiar proyectos de remediación ambiental.

Finalmente, tras el cierre del debate, el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Guido Vargas, solicitó la suspensión del trámite para que el proyecto regrese a la comisión legislativa. Este organismo tiene un plazo de ocho días para entregar el texto definitivo, que será sometido a votación. La solicitud fue aceptada por el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle Kozhaya.