Una reciente investigación realizada por Arduino Tomasi, investigador de la Universidad de Chicago, señala presuntas irregularidades en las cifras de homicidios durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Según el estudio, al tiempo que la tasa de homicidios disminuía, las muertes violentas de “intención indeterminada” aumentaban de manera preocupante, alcanzando cifras superiores a los homicidios en ciertos periodos, particularmente tras la salida de la base militar estadounidense de Manta en 2009.

En entrevista para Ecuavisa, explicó que estas muertes de intención indeterminada incluyen casos que no pudieron clasificarse como homicidios, suicidios o accidentes, a falta de información suficiente. Lo llamativo de la investigación es que, mientras las cifras oficiales mostraban una reducción significativa de los homicidios, los casos de muertes violentas con intención no determinada se dispararon, alcanzando su punto más alto en 2014, año en que superaron los registros de homicidios.

Tomasi sostiene que este fenómeno podría ser una estrategia para “maquillar” los datos de violencia, generando una percepción de seguridad que, en realidad, encubría otras formas de criminalidad. “Pienso que siempre existe un incentivo electoral para manipular cifras. Lo hemos visto con los niveles de deuda y empleo, y parece que en este caso se trata de esconder la violencia social”, indicó el investigador.

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Uno de los aspectos más inquietantes de la investigación es la posible vinculación entre el aumento de estas muertes indeterminadas y el narcotráfico. Según Tomasi, cada vez que las incautaciones de cocaína caían, aumentaban las muertes de intención indeterminada, especialmente en la frontera norte del país, una zona clave para el tránsito de drogas. “Todo apunta a que estas muertes ocurrían entre grupos criminales, y simplemente no se las registraba como homicidios”, señaló.

La investigación también reveló otras anomalías relacionadas con la violencia en el país tras la salida de la base de Manta, como un aumento significativo en los casos de trata infantil y desapariciones forzadas, fenómenos que Tomasi considera podrían estar relacionados con la debilidad del Estado en materia de seguridad y el auge del narcotráfico.

Tomasi concluyó que estas irregularidades en la clasificación de muertes violentas representan una vulneración al derecho a la justicia y a la verdad. “Un homicidio que no se clasifica como tal es una violación automática del derecho humano a la justicia”, sentenció.