La Asamblea Nacional reanudó sus actividades este martes 3 de septiembre de 2024, generando controversia tras aprobar una resolución que rechaza una sentencia relacionada con la Acción de Protección interpuesta por la asambleísta Inés Alarcón (ADN).

El juez Édgar Romero había dispuesto la reactivación de tres juicios políticos contra exministros del expresidente Guillermo Lasso: Pablo Arosemena (Finanzas), Sebastián Corral (Administración) y Andrea Montalvo (Educación Superior).

Leonardo Berrezueta, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), propuso tomar acciones contra el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, además de apoyar al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz. La resolución fue aprobada con 87 votos a favor y 30 en contra.

La bancada de ADN denunció un flagrante desacato por parte de la Asamblea Nacional. El comunicado de ADN, publicado en X, critica duramente a las bancadas de Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, acusándolas de actuar en favor de sus intereses y en contra del pueblo ecuatoriano. El texto señala que estas bancadas han votado para incumplir la sentencia con el objetivo de proteger a los exministros cuestionados, incurriendo en un “evidente y público desacato”.

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El comunicado destaca que el desacato a una sentencia judicial está penado de 1 a 3 años de cárcel según el Artículo 282 del COIP, y que el artículo 86.4 de la Constitución establece que el incumplimiento por parte de un servidor público puede llevar a su destitución, además de la responsabilidad civil o penal correspondiente.

ADN también rechazó las acciones contra sus asambleístas Inés Alarcón y Xavier Jurado, quienes han estado al frente del rol fiscalizador de la Asamblea Nacional. El comunicado subraya que el partido no permitirá que se repitan prácticas de politiquería que interfieran con la justicia en Ecuador.