Medio siglo duró el Ecuador petrolero. Desde el desfile del 10 de agosto de 1972 para trasladar el primer barril al Templo de la Patria hasta el 28 de agosto de 2024 con el inicio del cierre de pozos del ITT.

En 2023 el comercio de hidrocarburos dejó exportaciones netas por solo $ 2.154 millones, un tercio de lo que exportamos en camarón. Una mañosa consulta popular urdida por la mayoría de la Corte Constitucional conduce al pueblo a su despeñadero, renunciando a sus recursos naturales, sacrificando su porvenir. Con el cierre del ITT, el único bloque petrolero con reservas importantes por desarrollar, las exportaciones netas de hidrocarburos serían mínimas.

Medio siglo duró también el Ecuador de crecimiento endógeno. Anclándose en el Acuerdo de Cartagena de 1969, el país adoptó el modelo de escoger industrias para que produzcan exclusivamente para el mercado interno al amparo de una muralla arancelaria. La empresa emblemática fue General Motors cuya planta de ensamblaje empezó a operar en 1975 y hoy cierra puertas.

Los gobiernos concedieron protección absoluta a empresas de sustitución a costo del consumidor. Desatendieron las exportaciones privadas. Multiplicaron la burocracia. Construyeron elefantes blancos. Reservaron el petróleo, electricidad y telecomunicaciones para el accionar de empresas públicas de manera excluyente. Como si la plata se diera en los árboles.

Hay empresas que aprovecharon la protección para crecer y luego fortalecidas saltar a competir en el mundo. Pero son las menos. Muchas empresas se dedicaron a vivir del mercado protegido, y hoy están de salida. En cambio prosperan las que ya existían desde antes del proteccionismo, como materiales de construcción, aceite comestible y bebidas. También las que ofrecen bienes y servicios a las exportaciones. El sesgo antiexportador incide en que las ventas externas sean muy poco diversificadas, en su mayor parte dependientes de las bondades de tierra y mar. Este sesgo es obstáculo para que la industria textil se desarrolle como la colombiana y peruana.

El gasto corriente del sector público crece sin control; el año pasado los sueldos del sector público alcanzaron $ 12.000 millones, las compras $ 13.600 millones. La construcción de elefantes blancos deja una deuda externa cuyos intereses costaron $ 2.100 millones en 2023. Pero las obras públicas no rinden beneficios que generen directa o indirectamente renta al Estado para atender la deuda. Vivimos una crisis fiscal.

Las empresas petrolera y eléctricas no invierten y se mantiene cerrada la puerta a la inversión privada; la poca que llega entra por la ventana. No tenemos gasolina de calidad, los apagones amenazan con perennizarse, los usuarios abandonaron la telefonía fija estatal en favor de la digital donde dos multinacionales atienden la demanda.

La clase política no parece tener claro este panorama. ¿Se adoptarán políticas comerciales que favorezcan la exportación? ¿Van a rescatar lo que se pueda de la producción petrolera y minera? ¿Facilitarán la inversión privada en los llamados sectores estratégicos? ¿Recortarán el gasto corriente? ¿O mantendremos el modelo actual, subiendo impuestos para pagar burocracia y deuda y mantener a la economía privada en la paz del cementerio?… Candidatos, ¿qué proponen?