El contralor General del Estado, Mauricio Torres, reveló que durante el periodo 2019-2023, alrededor de $4.000 millones en glosas y responsabilidades administrativas no fueron cobradas debido a la caducidad de exámenes y desaparición de documentación clave.

Explicó que múltiples exámenes caducaron por retrasos injustificados y otros fueron intencionadamente ocultados. Esto ha derivado en sanciones internas y en la entrega de información a la Fiscalía para su investigación.

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Alarcón también denunció que algunos servidores trabajaban en colusión con estudios jurídicos para favorecer a responsables de glosas, llegando incluso a solicitar dinero a cambio de hacer caducar informes.

Hasta la fecha, 22 funcionarios han sido denunciados en la Fiscalía por su implicación en estos actos, algunos con sentencias ya emitidas.

Enfatizó que están implicadas desde las máximas autoridades como excontralores, directivos, directores de responsabilidades, directores de las diferentes unidades y mandos medios.