El 29 de agosto, la ministra del Interior, Mónica Palencia, envió una carta a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, para recordarle que, según una acción de protección, su juicio político debe suspenderse hasta que se resuelvan tres procesos previos.

Estos procesos involucran a exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso: Sebastián Corral, exsecretario de Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Finanzas; y Andrea Montalvo, extitular de la Senescyt.

Aunque los pedidos de juicio político contra estos exfuncionarios habían sido archivados, la acción de protección ganada por la legisladora oficialista Inés Alarcón exige que se retomen en el orden en que fueron presentados. A pesar de que la sentencia ha sido considerada inconstitucional por algunos, los expertos en derechos sostienen que debe cumplirse hasta que sea revocada en apelación.

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Palencia también cuestiona la unificación de sus juicios políticos, impulsada por Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, y denuncia que se están presentando nuevas pruebas en su contra fuera del plazo establecido. La ministra enfrenta acusaciones de haber facilitado la incursión de la Policía en la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas y de no haber implementado el Plan Fénix.

Bancadas como el PSC, Construye y la Revolución Ciudadana han adelantado que apoyarán su destitución y censura cuando el juicio llegue al Pleno.