El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, suspendió temporalmente la tramitación de la denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa por presunta violencia política de género.

Esta medida se adoptó mientras se resuelve la recusación presentada por la asesora presidencial Diana Jácome contra el juez Muñoz, buscando que él no continúe conociendo la causa.

La suspensión fue notificada el miércoles 28 de agosto de 2024, solo cuatro días después de que el TCE admitiera la demanda.

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La denuncia de la vicepresidenta fue interpuesta el 8 de agosto de 2024 en medio de la disputa entre ambos líderes por una posible sucesión temporal ante las elecciones presidenciales de 2025.

Además de Noboa, Abad también denunció a tres funcionarios de su administración por violencia política de género: la canciller Gabriela Sommerfeld, Esteban Torres, y la propia asesora presidencial Diana Jácome.

El Código de la Democracia establece que la violencia política de género es una infracción muy grave, sancionable con multas que van desde USD 8.925 hasta USD 29.750, e incluso podría llevar a la destitución o suspensión de los derechos de participación política por un periodo de dos a cuatro años.