Pacientes renales, familiares y trabajadores de centros de diálisis se congregaron este miércoles 28 de agosto de 2024, frente a la Corte Constitucional en Quito, para exigir el cumplimiento de una sentencia emitida en septiembre de 2020. Luis Serrano, gerente del Instituto del Riñón y Diálisis San Martín de Guayaquil, destacó la urgencia de que el Ministerio de Salud y el de Economía presenten un cronograma para saldar la deuda estatal con las clínicas privadas, la cual alcanza hasta 13 meses de retraso.

Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis, detalló que el Ministerio de Salud Pública adeuda más de 140 millones de dólares, mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debe más de 95 millones. Según Freire, solo se ha pagado una pequeña parte de la deuda correspondiente a diciembre de 2023, mientras que las facturas desde junio de 2023 hasta julio de 2024 siguen pendientes. Esta falta de pago ha obligado a reducir la atención a pacientes renales al 50%.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, afirmó que ha pagado 42,5 millones de dólares durante los nueve meses de gestión de Daniel Noboa y recordó que la deuda fue heredada de administraciones anteriores.