Entre el 1 de enero de 2017 y el 21 de agosto de 2024, Ecuador registró 23.851 homicidios intencionales, una cifra alarmante que contrasta con la narrativa del expresidente Rafael Correa, quien en sus años de gobierno promovía la imagen de un país como “isla de paz”. Sin embargo, un análisis profundo de Plan V de los datos oficiales revela un panorama mucho más sombrío.

Arduino Tomasi, un académico guayaquileño, realizó un minucioso estudio de las cifras del Registro Estadístico de Defunciones Generales del INEC, abarcando desde enero de 2007 hasta mayo de 2017. Su investigación destapó que durante ese período se produjeron 7.379 muertes clasificadas como de intención no determinada (MIND), es decir, decesos cuyas causas exactas permanecen desconocidas. De estos, 2.396 casos ni siquiera tienen claridad sobre las circunstancias que rodearon las muertes.

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Tomasi señala que, en un contexto ideal, la tasa de MIND debería ser nula, especialmente en un país con sistemas judiciales y policiales sólidos. No obstante, en Ecuador, estas muertes sin esclarecer comenzaron a aumentar justo cuando el gobierno afirmaba que los homicidios intencionales estaban en descenso. A partir de la salida de la Base de Manta en 2009, la tasa de MIND creció, superando incluso a los homicidios intencionales en 2014.

El investigador destaca que este aumento en las muertes indeterminadas, especialmente en provincias fronterizas con Colombia y áreas identificadas como rutas del narcotráfico, es un indicio de que algo no estaba bien. Esta situación, que coincidió con decisiones políticas como la liberación de cupos de combustibles en zonas fronterizas por parte del entonces vicepresidente Jorge Glas, plantea serias dudas sobre la complicidad del Estado en estos eventos.

Tomasi sugiere que esta “pax narca”, un período de estabilidad superficial y disminución aparente de la violencia, pudo haber sido resultado de un acuerdo corrupto entre el gobierno y los cárteles de la droga. A medida que el crimen organizado se consolidaba, también aumentaban otros delitos, como la trata infantil y las desapariciones, señalando un deterioro en la seguridad que aún afecta al país.

En conclusión, el estudio de Tomasi expone una preocupante vulneración de derechos en Ecuador, donde la falta de investigación sobre las causas de miles de muertes ha alimentado la impunidad y permitido que el crimen organizado se expanda sin control.