El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) enfrenta una semana crucial en el proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado, quien reemplazará a Diana Salazar en abril de 2025.

Para este marte 27 de agosto de 2024, ha sido convocada una reunión de los consejeros o sus delegados en una mesa técnica para aprobar el borrador de reglamento propuesto por el vocal Augusto Verduga, basado en aportes de varios miembros del Pleno, sobre cuyo contenido el que otros consejeros hay planteado varios reparos y advertencias.

Las observaciones al documento fueron remitidas hasta el pasado viernes 23 de agosto a la Coordinación de Asesoría Jurídica, que deberá entregar un informe de factibilidad a los consejeros hasta este jueves 29 de agosto.

Este informe permitirá determinar si el reglamento propuesto respeta las normas constitucionales, luego de lo cual será puesto a consideración del Pleno en una sesión extraordinaria que se deberá realizar el viernes 30 de agosto.

Hasta el último jueves, varios consejeros enviaron sus observaciones al borrador del reglamento. El más crítico es el vocal Juan Esteban Guarderas, quien cuestiona el artículo 16 relacionado con la probidad notoria.

Guarderas advirtió que dicho artículo podría abrir la puerta a que candidatos vinculados al narcotráfico se postulen como candidatos para ser el nuevo fiscal general del Estado.

Con ese criterio coincidió Andrés Fantoni, titular del Cpccs. Ambos consejeros coincidieron en que la probidad notoria es esencial para garantizar que las autoridades de control sean intachables y, de esa manera, asegurar que el país tenga funcionarios independientes en un cargo tan delicado para la administración de justicia.

En ese contexto, la mañana de este lunes 26 de agosto de 2024, Fantoni presentó su propuesta de reglamento en la que plantea mantener la prueba oral, la probidad notoria intachable, contar con una veeduría internacional y la evaluación de expertos. Así lo dio a conocer el Cpccs en su cuenta de X.

En ese mismo sentido, la consejera Nicole Bonifaz propuso que se amplíen los requisitos de probidad y fue más radical en su análisis al proponer que sean excluidos del concurso los candidatos que tengan antecedentes penales o administrativos. Ella también insistió en que se debe incluir una prueba oral en el proceso, algo que Verduga no puso en su borrador.

Este concurso es clave para el seguimiento de acciones sobre tramas de corrupción en el sistema judicial, con jueces y fiscales con presuntos nexos con el narcotráfico, el crimen organizado y ciertos políticos y empresarios, destapados desde fines de 2023 bajo la gestión de Diana Salazar, como los denominados casos Metástasis, Purga, Plaga, Independencia Judicial, Las Torres, Sinohydro, Encuentro, León de Troya, entre los más importantes.

Apoyo de la ONU, la OEA y Estados Unidos

El proceso de selección del nuevo fiscal general de Ecuador se está realizando con asesoría de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Unión Europea y de Estados Unidos, que aportaron recomendaciones para asegurar la transparencia y legalidad del proceso.

Este apoyo se enfoca en mecanismos de supervisión, medidas de seguridad para los postulantes durante todas las etapas del concurso, con el objetivo de prevenir y evitar la interferencia de intereses irregulares.

El 11 de julio de 2024, Guarderas solicitó que les provean de un modelo de reglamento con base en los siguientes parámetros para el concurso:

• .Minimizar la interferencia de intereses irregulares
• .Impedir acciones que busquen sabotear la independencia y el buen desarrollo del proceso
• . Establecimiento de mecanismos de transparencia que permitan supervisar la legalidad y neutralidad del concurso, como veedurías con expertos internacionales
• . Matriz de calificaciones y parámetros que aseguren la integridad institucional y democrática de la Fiscalía General del Estado
• . Medidas de seguridad como el anonimato de carpetas de postulantes que impidan el amedrentamiento, las amenazas y actos de violencia contra postulantes y funcionarios

Perfil de los candidatos: abogado, especialista en criminología, derechos humanos, derecho procesal y penal, no tener vinculación política.
Fases del concurso: Admisibilidad, méritos, oposición (pruebas oral y escrita), impugnación ciudadana, acción afirmativa y designación.