Todo plan tiene diferentes etapas y podemos considerar como el levantamiento de escenarios, establecimiento de estrategias, intervención y la normalización. En la primera etapa, lo importante es identificar los centros de gravedad de la problemática, en este caso la inseguridad del país, así se determinó la importancia de controlar las cárceles. Estas se habían convertido en el centro de la violencia y sitios de mando y control para las actividades criminales de las mafias, las que han trasmutado hacia otras actividades como ese negocio ilegal del oro, donde está el crimen organizado trasnacional vinculado con el narcotráfico, por la facilidad para el lavado de activos.

La minería ilegal está centrada en las provincias de Imbabura, Azuay, Zamora Chinchipe, El Oro, Napo y últimamente Orellana, allí se ha depredado el medio ambiente, contaminando ríos y selvas desplazando a comunidades ancestrales de su hábitat. El daño es irreversible, como afirma el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), que “tiene la capacidad de controlar el territorio, adquiere plantas, taladros de precisión y retroexcavadoras para llevar a cabo sus actividades”. Hacen alianzas con funcionarios públicos, políticos y mafias locales y trasnacionales con el fin de que este sistema criminal funcione. Este panorama es complejo por los actores que intervienen y la cantidad de recursos y dinero que se mueven, el Banco Central del Ecuador señala, por ejemplo, que en 2022 se exportaron 17,7 toneladas; y la Agencia de Regulación de Energía establece 14,99 toneladas, esa diferencia corresponde a la minería ilegal, lo que determina un incremento del 21,3 % para 2023.

El Estado debe ejecutar acciones en el margen de una planificación a corto, mediano y largo plazo para erradicar esta actividad ilegal, en algunos casos fortaleciendo las competencias de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, destinando recursos para crear una unidad interagencial, con capacidades de intervención inmediata conformada por personal de Fuerzas Armada, Policía Nacional, Fiscalía, ARCERNNR, Ministerio del Ambiente. Esta debe operar de forma permanente en las áreas donde se desarrollan las actividades de minería ilegal.

Además, se tiene que legalizar y concesionar ciertas áreas donde sea posible para que exista un control adecuado y el Estado recupere esos recursos generados y así evite que vayan a manos de los grupos criminales que están detrás de estas actividades. La tarea no es fácil pero se tiene que frenar, porque de lo contrario esto va creciendo a niveles insostenibles y es una grave amenaza para la seguridad del país.

También es necesario evitar que se fortalezcan los grupos narcoterroristas con los recursos ilegales, que tienen incidencia en la inseguridad y violencia, porque están operando organizaciones trasnacionales de origen peruano, colombiano, venezolano y locales. Si no lo hacen las consecuencias serán muy graves para el medio ambiente, las comunidades involucradas, las exportaciones legales de oro y a la seguridad.