La fiscal general del Estado, Diana Salazar, confirmó este 19 de agosto de 2024 su disposición para enfrentar el juicio político impulsado en su contra por el correísmo en la Asamblea Nacional. Este proceso, que fue suspendido en mayo pasado debido a un embarazo de riesgo, ha sido reactivado tras la autorización médica que le permite retomar sus actividades.

Salazar, en entrevista para Ecuavisa, afirmó que no existen razones políticas ni jurídicas para justificar su censura. Argumentó que las acusaciones responden a la contundencia con la que la Fiscalía ha logrado sentencias, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. A su juicio, el juicio político es una revancha de estas organizaciones, que han infiltrado instituciones públicas y políticas en el país.

El juicio, calificado por Salazar como un “narcojuicio”, se origina en investigaciones como la operación “Metástasis”, que expuso la infiltración del crimen organizado en diversas esferas del Estado. Según la Fiscal, el proceso tiene como objetivo debilitar a la Fiscalía debido a sus esfuerzos por desmantelar redes criminales que operan dentro de las instituciones públicas.

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“Las razones del juicio político no son otras que tratar de debilitar a la fiscal General, justamente cuando hemos liderado la mayor lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, que ha infiltrado a las instituciones, a los políticos y algunos medios digitales”, subrayó.

La fiscal también defendió la actuación de la Fiscalía en allanamientos recientes, como los realizados en las oficinas de las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz, quienes permitieron el traslado del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, desde La Roca hasta la Cárcel 4 de Quito.

Salazar sostuvo que las investigaciones se llevan a cabo en cumplimiento de la ley y en respuesta a denuncias formales, sin relación con inconformidades sobre fallos judiciales.

Finalmente, Salazar defendió el uso de la cooperación eficaz y el procedimiento abreviado como herramientas clave para la justicia, destacando que figuras vinculadas con la mafia estatal han colaborado voluntariamente para reducir sus penas, en contraste con otros miembros de organizaciones criminales que se niegan a colaborar.