El juez Édgar Javier Romero aceptó la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), el 22 de agosto de 2024. Este fallo permite que los procesos de juicio político contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, que habían sido archivados, se reanuden. Los exministros involucrados son Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo.

Sin embargo, el secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, declaró que el Legislativo no acatará la sentencia, calificándola como “una metida de mano a la justicia”. Además, anunció que la Asamblea presentará acciones penales contra el juez por considerar su decisión un error inexcusable y prevaricato. Muñoz también señaló que se revisarán las acciones de la legisladora Inés Alarcón.

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Alarcón presentó la acción de protección debido a su desacuerdo con el retiro de firmas que impidió el avance de los juicios políticos contra los exfuncionarios de Lasso. El oficialismo había impulsado estos procesos, pero las firmas fueron retiradas por algunas bancadas, quienes consideraron que los juicios habían sido promovidos para proteger a otros funcionarios, como Gabriela Sommerfeld y Mónica Palencia.

La Asamblea Nacional ya había criticado a Alarcón por inicialmente presentar la acción de protección en Iñaquito, retirarla y luego volver a presentarla en Quitumbe, lo que calificaron como una “manipulación de la justicia”. La audiencia para resolver la petición de la legisladora se realizó el mismo 22 de agosto en Quito.