El constitucionalista André Benavides advirtió sobre las implicaciones de irrespetar el dictamen de la Corte Constitucional respecto al cese de actividades en el bloque 43 del ITT.

Según el experto, el gobierno tiene hasta el 31 de agosto para suspender por completo la extracción de petróleo en la zona, conforme a la consulta popular que ordenó dejar el crudo bajo tierra.

Benavides aclaró que, aunque la consulta popular exige el fin de la extracción petrolera, el desmantelamiento de la infraestructura tomará más tiempo del estimado por la Corte.

Así será el proceso de cierre de pozos petroleros del Yasuní ITT

“Si el 31 de agosto se suspende la extracción de petróleo, el gobierno habrá cumplido con el dictamen. Sin embargo, la remediación ambiental y el desmantelamiento de los pozos llevarán más tiempo”, afirmó.

El gobierno ha presentado un informe detallado a la Corte, señalando que el cierre total podría tardar entre cuatro y trece años.

Ante esto, Benavides explicó que la Corte podría sancionar a los responsables si no se cumplen los plazos establecidos, aunque no sería posible destituir al presidente por esta razón.

Finalmente, el constitucionalista destacó que la responsabilidad recae principalmente en Petroecuador y en los ministerios encargados de la explotación y remediación ambiental del bloque petrolero.