El manejo del gasto público es una responsabilidad de enorme trascendencia, no solo desde el punto de vista ético, sino también porque las decisiones tomadas pueden ser objeto de escrutinio por parte de la Contraloría hasta siete años después de la emisión de cada acto administrativo. Para quienes servimos como funcionarios públicos, esta es una realidad ineludible.

Cualquier persona razonable comprende la delicadeza de esta situación. Es por ello que he visto a profesionales intachables, con vasto conocimiento y capacidad, rechazar cargos públicos. No por falta de competencia, sino porque, para quienes hemos pasado por un examen especial de Contraloría, el proceso de demostrar que se ha cumplido a cabalidad con la tarea encomendada puede ser tortuoso.

Lo que resulta incomprensible es cómo algunos alcaldes, prefectos y presidentes parroquiales toman decisiones que para cualquier ciudadano común resultan irracionales. Citaré algunos ejemplos observados en Ecuador: pagar medio millón de dólares por un mural para un edificio público, comprar una flota de vehículos nuevos para los miembros del Concejo y el Alcalde, o perder miles de dólares por no poder ejecutar un convenio debido a la falta de comprensión del proceso de compras públicas. A esto se suman otros gastos absurdos, como pintar las calles de amarillo y llamarlas “senderos seguros”, entre muchos otros que resultan ser todo menos útiles para la ciudadanía.

Estas autoridades provienen de distintos partidos políticos, pero comparten un mismo pensamiento: creen que están administrando dinero de bolsillo desde el momento en que asumen el control de un gobierno autónomo. Es desconcertante observar cómo manejan los fondos públicos con la misma ligereza con la que uno gastaría en un capricho personal, disfrutando de lujos que, en su vida cotidiana, jamás podrían permitirse. Lo hacen sin inmutarse, ignorando por completo el temor que debería inspirarles la Contraloría.

La pregunta inevitable es: ¿por qué la ciudadanía tolera estos abusos? Quizás la respuesta radique en la falta de liderazgos capaces de organizar una verdadera oposición a estas siniestras figuras. Sin embargo, siendo sinceros, ¿cuánto tiempo más estaría dispuesto usted a soportar ver al mismo ladrón sentado en su puesto?

Este artículo busca, en última instancia, despertar esa conciencia colectiva que permita exigir un cambio real y evitar que los GAD sigan siendo la caja chica de las autoridades.