Los juicios políticos contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y la ministra del Interior, Mónica Palencia, se reanudarán en la Asamblea Nacional luego del receso legislativo que culmina el 2 de septiembre de 2024.

El juicio político contra Diana Salazar, planteado por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladares de la Revolución Ciudadana (RC) por presunto incumplimiento de funciones, se retomará cuando el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), convoque a una sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL). En esta sesión, se decidirá si se levanta la suspensión del juicio que se resolvió el 17 de mayo de 2024, basándose en la solicitud presentada por la Fiscal el 19 de agosto.

El juicio se tramitaría entre octubre y noviembre, cuando la dirección de la Asamblea pasará a manos de Viviana Veloz (RC), quien asumirá el cargo tras la renuncia de Kronfle. La Comisión de Fiscalización, encabezada por Pamela Aguirre, será la encargada de calificar las solicitudes de Garzón y Valladares. La Comisión ya cuenta con votos suficientes para recomendar la censura y destitución de Salazar, con el apoyo de cuatro miembros del correísmo y un sector de independientes.

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Juicio contra Mónica Palencia

En cuanto al juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, los plazos fueron suspendidos durante el receso legislativo. A partir del 7 de septiembre, la ministra podrá defenderse de las acusaciones, mientras que sus interpelantes, Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas, deberán demostrar las presuntas irregularidades en su gestión. La Comisión de Fiscalización tiene hasta el 20 de septiembre para elaborar un informe y recomendar al Pleno si se debe continuar con la interpelación.

La decisión final sobre ambos juicios se tomará en el Pleno de la Asamblea Nacional, con la Fiscalización y el CAL actuando como órganos clave en el proceso.

Gissela Garzón ha señalado que le corresponderá demostrar el incumplimiento de funciones de Salazar para garantizar el debido proceso, aunque prefirió no adelantar detalles de sus argumentos. Por su parte, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), ha afirmado que no existen argumentos legales para impedir que el juicio continúe, aunque ha instado a los sectores políticos a actuar con sensatez y apego a la normativa.