Aún tenemos en la mente, lo ocurrido con Fernando Villavicencio hace solo un año. Era el miércoles 9 de agosto del 2023, cuando la violencia delincuencial asesinaba a uno de los políticos más conocidos del país y, en ese momento, candidato a la presidencia de la república. El crimen ocurrió apenas a 11 días de la primera vuelta de las últimas elecciones, en las que, finalmente, ganó, el actual mandatario Daniel Noboa.
Esta era la primera vez que Ecuador miraba absorto, cómo los grupos delictivos organizados golpeaban, sin pudor, las más altas esferas de su democracia y de su sistema de partidos. Y esta fue una prueba más, que confirmaba que la delincuencia organizada tiene como blanco a la política.
Para las elecciones anticipadas del 2023, cuya primera vuelta se desarrolló el domingo 20 de agosto, se inscribieron apenas ocho binomios presidenciales. Para los comicios de este 9 de febrero del 2025 se han anunciado, preliminarmente, 17 postulantes.
Obviamente, todos los precandidatos saben que aspirar a una dignidad de elección popular en el Ecuador del 2024 es un verdadero riesgo, más que en el 2023. Sobre todo, porque la inseguridad ciudadana es la principal preocupación de las familias de la nación y porque en la mayoría del país se vive un terror social por el azote de los sicariatos, secuestros, robos y asaltos, especialmente, en 9 de las 24 provincias.
Con el antecedente de lo ocurrido con Fernando Villavicencio, y también con otros 13 políticos que han sido asesinados entre 2023 y 2024 en Ecuador, nos preguntamos: ¿la próxima cita electoral podrá teñirse de sangre nuevamente?
La respuesta es sí. Hay altas probabilidades de que la inseguridad de los postulantes sea la tónica del próximo proceso electoral, en que se elegirán un jefe de estado, 151 asambleístas y cinco miembros del Parlamento Andino. La amenaza está latente porque este ciclo eleccionario ya ha empezado y tendrá su clímax en enero del 2025 con el inicio formal de la campaña proselitista.
Y esta vez el peligro es mayor, porque uno de los candidatos será el actual mandatario, Daniel Noboa, quien han tomado acciones importantes, en contra de los grupos de delincuencia organizada, especialmente, luego de la declaratoria de conflicto armado interno, el pasado 9 de enero.
Ante la realidad de un riesgo altísimo en contra de la vida de los próximos candidatos resultará una obligación que el Estado se prepare, como nunca, para proteger a todos postulantes, especialmente, a quienes buscan la Presidencia de la República.
Para ello será necesario tener un plan específico basado en acciones preventivas de inteligencia, cooperación internacional y disponibilidad de recursos y herramientas para estas tareas.
No podemos, como Estado, arriesgar nuestra democracia una vez más y descuidar este tema.
No es algo fútil: estamos hablando de proteger a quién será nuestro jefe de estado los próximos cuatro años. Ecuador, sin duda, se merece un nuevo rumbo. FIN
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