La reciente remoción de Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuyo período concluía en junio de 2025, ha generado un gran debate en el país al ser una acción inconstitucional que genera un peligroso precedente de arbitrariedad e injerencia en el funcionamiento de las instituciones democráticas del país.

El Tribunal Contencioso Electoral es una institución clave dentro del sistema electoral ecuatoriano y, como tal, su funcionamiento está regido por el Código de la Democracia, que establece normas específicas para su organización y operación y que no contempla como atribución del Pleno del TCE, la remoción de su presidente.

En este contexto, la remoción de la máxima autoridad del TCE jamás podría sujetarse al Código Orgánico Administrativo, cuerpo normativo de carácter general que regula la administración pública en su conjunto, pero que no tiene primacía sobre la legislación especializada en materia electoral. Esta desviación no solo es jurídicamente incorrecta, sino que también erosiona la legitimidad del proceso de remoción, pues se basa en una normativa inaplicable al caso.

Cabe mencionar además que la sesión en la que se produjo la ilegítima remoción se lleva a efecto sin una convocatoria y sin orden del día; tampoco se le permitió al Presidente Muñoz conocer previamente los motivos de su remoción, mucho menos presentar elementos de descargo.

Además, este acto de remoción se produce luego de la interposición de una denuncia por violencia política basada en género, por parte de la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente de la República, lo que generó una respuesta del ejecutivo señalando que se estaría fraguando un golpe de Estado en su contra, dejando entrever que, la destitución de Muñoz responde a intereses políticos ajenos a los intereses del país, irrespetando la institucionalidad.

Este tipo de decisiones arbitraras no solo afectan la estabilidad del TCE, también debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. La independencia de esta Alta Corte es fundamental para garantizar procesos electorales justos y transparentes; cuando esta independencia es socavada, se pone en riesgo la democracia.

Por todo esto, la remoción del presidente del TCE bajo estas circunstancias puede ser advertida como un intento del presidente Daniel Noboa de consolidar su poder, atentado contra el principio de independencia de funciones, por ello, es imperativo que las instituciones del país se rijan por los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a la normativa específica que las regula.

La única forma de preservar la democracia en nuestro país es alzando la voz frente a este tipo de arbitrariedades que afectan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. El TCE, como el resto de organismos jurisdiccionales, debe operar libre de presiones políticas o interferencias externas.