La inversión pública y privada son dos caras de la misma moneda, esenciales para el desarrollo de los sectores estratégicos y del país en su conjunto. Además, no se trata solo de cuánto se invierte, sino de cómo y en qué se invierte. La calidad de la inversión es fundamental para garantizar un impacto positivo y duradero.
A continuación se abordan aspectos importantes sobre la inversión pública en sectores estratégicos, que complementan lo indicado la semana anterior en esta columna sobre criterios para una inversión privada de calidad.

1. Alineación con la planificación nacional y sectorial: Las inversiones públicas en sectores estratégicos deben permitir prioritariamente solucionar problemas de interés nacional, como por ejemplo el abastecimiento a precio competitivo de combustibles que cumplan normas ambientales para contribuir a la competitividad sistémica del país y evitar afectar la salud de los ciudadanos.

La Constitución de Ecuador establece, en su artículo 280, que el Plan Nacional de Desarrollo es el marco al que deben ajustarse todas las políticas y proyectos públicos, buscando así que la inversión estatal contribuya a resolver los grandes problemas nacionales y no sean simples esfuerzos aislados. Además, en su artículo 339, indica “(…) La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de desarrollo nacional y locales (…)”.

Resulta así imperativo que las inversiones sectoriales sean establecidas bajo este criterio. Pero ¿qué sucede cuándo no hay una agenda sectorial plurianual como en el caso del sector hidrocarburífero? ¿Quiénes son los responsables por omisión y qué consecuencias se aplican?

2. Rentabilidad económica y social: Así como los actores privados buscan maximizar la rentabilidad económica de sus inversiones, el Estado debe hacer lo mismo en los sectores estratégicos, pero simultáneamente debe lograr que estas inversiones contribuyan a la competitividad sistémica del Ecuador y generen rentabilidad social (impacto positivo como mejoras en la calidad de vida de la población). Por ello, en la agenda de discusión nacional se debe retomar la “renta petrolera” y “renta minera”, en lugar de repetir la supuesta conveniencia de una alta inversión económica en determinados proyectos. Además, es importante sincerar los valores de CAPEX y OPEX en cada proyecto planteado.

Es hora de verificar … ¿Qué rentabilidad le ofrece al país cada inversión pública? Y en caso de respuesta negativa… ¿Qué sanciones deben aplicarse para los responsables?
La próxima semana les contaré la segunda parte de este artículo.