Una nueva investigación que involucra a la justicia ecuatoriana se inició la noche de este viernes, 16 de agosto de 2024. La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional allanaron un domicilio y las oficinas de las juezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Enma Tapia y Katerine Muñoz.

En un comunicado difundido en su cuenta de X (antes Twitter) la noche misma noche, la jueza Enma Tapia Rivera se pronunció sobre la sentencia del proceso número 17741-2024-00005, que aceptó la apelación del habeas corpus a favor de Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

Allanan una casa y oficinas de las 2 juezas que aprobaron el traslado a Quito del reo Wilman Terán

Tapia Rivera destacó la importancia de juzgar sus sentencias con base en principios jurídicos y no en opiniones políticas. Aseguró que durante el proceso, tanto el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) como el Ministerio de Salud Pública (MSP) tuvieron la oportunidad de presentar pruebas, pero decidieron no hacerlo, lo que afectó la capacidad del tribunal para evaluar el caso.

Explicó que la falta de diligencia por parte de SNAI y MSP no debe interpretarse como un acto de silencio, sino como una irresponsabilidad procesal. Afirmó que, en sus 15 años de carrera, siempre ha basado sus decisiones en hechos y pruebas, manteniendo imparcialidad y evitando influencias externas. Se mostró dispuesta a defender sus decisiones con fundamentos técnicos y jurídicos.