La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó de manera unánime una resolución promovida por Estados Unidos, que condena enérgicamente el fraude electoral y la represión ilegal perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de una amplia coalición de países, exige al gobierno venezolano respetar los derechos humanos, honrar la voluntad del electorado y garantizar la transparencia y credibilidad del proceso electoral a través de una verificación imparcial de los resultados.

Además de Estados Unidos, la resolución fue apoyada por naciones como Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay. Tras intensas negociaciones, Brasil y Colombia también se sumaron a la condena diplomática.

El contexto en el que se produjo esta resolución refleja una compleja dinámica geopolítica en la región. Mientras que la postura de Estados Unidos fue cuestionada por Brasil, Colombia y México, estos países defendían sus propios intereses. Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador han adoptado enfoques diferentes frente a la crisis venezolana, lo que ha influido en la evolución de las relaciones diplomáticas y en la respuesta internacional al régimen de Maduro.

Lula, por su parte, ha propuesto la celebración de nuevas elecciones o la formación de un gobierno de coalición, aunque estas propuestas han sido rechazadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por líderes de la oposición venezolana, como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Por otro lado, Petro ha planteado una amnistía general para Maduro y sus aliados, una idea que también ha sido desestimada por Washington y la oposición.

López Obrador, en contraste, ha optado por una postura de no injerencia, facilitando indirectamente la permanencia de Maduro en el poder. Esta posición, junto con la de otros países como Bolivia y varias naciones caribeñas, ha dificultado los esfuerzos internacionales por presionar al régimen venezolano.

A pesar de estas divisiones, Estados Unidos y sus aliados lograron alcanzar un consenso para aprobar la resolución, que consta de siete artículos. Entre sus puntos clave, se destaca el reconocimiento de la participación pacífica del electorado venezolano, la insistencia en el respeto a los derechos humanos, y el llamado a proteger la integridad del proceso electoral.

Además, se solicita al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publique rápidamente los resultados de las elecciones presidenciales y que realice una verificación imparcial de los mismos para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso.

Finalmente, la OEA expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y se comprometió a mantenerse vigilante ante la situación en Venezuela.