La Asamblea Nacional denunció, a través de un comunicado publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter) el 16 de agosto de 2024, la interferencia de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) en el proceso de fiscalización.

La denuncia surge tras una acción de protección con medida cautelar presentada por la legisladora Inés Alarcón (ADN), la cual, según el Parlamento, vulnera las competencias establecidas por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea alertó sobre el uso indebido de la justicia constitucional para fines políticos.

En su declaración, el Parlamento subrayó que la Comisión de Fiscalización y Control Político, responsable de procesar juicios políticos y supervisar a funcionarios públicos, no puede ser restringida por otras instancias del Estado, incluidos los jueces. También se aclaró que Alarcón había presentado previamente una acción de repetición, la cual fue retirada por ella misma el 30 de julio de este año.