La noche de este viernes 16 de agosto de 2024, a través de su cuenta de X, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, dentro del llamado #CasoConfourtable, en una acción coordinada con la Policía Nacional, allanaron un domicilio y las oficinas de Enma Tapia y Katherine Muñoz, juezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La causa: el pasado 12 de agosto de 2024 ellas, como parte del Tribunal, aprobaron el pedido de habeas corpus presentada por el reo Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) quien, aduciendo ser víctima de un trato inhumano, que su vida estaba en peligro en la cárcel La Roca de Guayaquil y que, a pesar de recibir atención psicológica sufre depresión, ansiedad y estrés, pidió ser trasladado a Quito. Solo el juez Alejandro Arteaga se abstuvo de votar.

Además del traslado, para cuyo cumplimiento Tapia y Muñoz dieron al SNAI un plazo de 48 horas, dispusieron que a Terán se le garantice varios beneficios como el acceso a equipos electrónicos, herramientas de trabajo para que pueda ejercer plenamente su defensa, por un tiempo de al menos ocho horas diarias y en espacios adecuados con conexión a internet.

Otra de las acciones a favor de Terán, ordenada por las juezas, fue que sus abogados y patrocinadores judiciales puedan visitarlo “en la privacidad que se requiere, sin restricción alguna de horarios y tiempo de visitas y sin necesidad de agenda previa”.

En las imágenes de los allanamientos difundidas por la Fiscalía, se observa computadoras portátiles, celulares, un CPU, cuadernos, CD y documentación que, siguiendo los protocolos de ley, deberán pasar a cadena de custodia para su posterior análisis.

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Wilman Terán enfrenta acusaciones por obstrucción de justicia en el caso Independencia Judicial y está procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, en el que se lo identifica con el alias “El diablo”, de acuerdo con el contenido de las conversaciones vía chats mantenidas con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, alias “El patrón”.

Además, Terán afronta una tercera investigación por asociación ilícita y cohecho relacionada con la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, quien se refugió en la sede de la Embajada de México en Quito, en donde fue recapturado en diciembre pasado y llevado de regreso a La Roca, hecho que provocó una crisis diplomática bilateral.