El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 82 votos afirmativos el informe elaborado por la Comisión de Justicia sobre la importancia de la actuación institucional coordinada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Este informe, aunque no vinculante, destacó que solo 18 instituciones han cumplido parcialmente con la transversalización del enfoque de género en la implementación de la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia de la República han mostrado un incumplimiento total.

El Pleno exhortó al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos a cumplir plenamente su rol como ente rector del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

‘En Ecuador se generó una especie de apología de la violencia que no se puede parar’

La legisladora Viviana Veloz, quien sustentó el documento, subrayó que a seis años de la vigencia de la ley, la Asamblea tiene la responsabilidad de garantizar su cumplimiento y exigir cuentas sobre su implementación.

Además, se sugirió trabajar en un proyecto reformatorio que establezca sanciones para los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones.

Veloz destacó que el número de femicidios ha aumentado un 52% entre 2018 y 2023, y que entre enero y mayo de 2024 se registraron 38 femicidios, según datos del Ministerio del Interior. Aunque la violencia física y psicológica ha disminuido, la situación sigue siendo alarmante.

Otros legisladores como Gissela Garzón y Rosa Belén Mayorga criticaron la falta de voluntad política y la ausencia de una base de datos actualizada sobre violencia de género, lo que perpetúa la impunidad.

Patricia Nogales, por su parte, señaló la falta de personal capacitado en el sistema judicial y en las instituciones educativas, y lamentó que, a seis años de la vigencia de la ley, los centros violetas aún no estén funcionando de manera efectiva.