En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, 1 de cada 4 han sido víctimas de violencia sexual. Si bien esas estadísticas son alarmantes, la violencia psicológica llega al 53,9% y es la cruel evidencia de un problema frente al cual no hay la decisión política para afrontarlo y combatirlo.
Eso explica el contenido de un reciente informe, de casi 400 páginas, aprobado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional respecto al cumpliendo de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres. Este análisis se basa en información de 20 entidades del Gobierno y otras instituciones públicas.
En general, se encontró que la mayoría solo ha cumplido parcialmente las recomendaciones de la referida norma. Lo más alarmante es que algunas como el Ministerio de Economía y la Presidencia de la República, no han hecho nada al respecto. Por el contrario, la poca importancia que el presidente Daniel Noboa da a este grave problema nacional, se evidencia, por ejemplo, en la reducción del presupuesto del Ministerio de la Mujer en un 23%, lo que ha generado rechazo y descontento en las organizaciones que luchan para combatir este tipo de violencia, cada vez más alarmante.
El informe de la Comisión legislativa también señala que el Ministerio de la Mujer no ha logrado coordinar bien a las instituciones responsables de prevenir la violencia, lo que ha generado una falta de acción conjunta.
Ante ese diagnóstico preocupante, la Comisión recomienda mejorar la coordinación entre instituciones, realizar un mejor seguimiento de la asignación y de la ejecución presupuestaria y, algo también fundamental: asegurar que los funcionarios que trabajan con las víctimas tengan la formación adecuada.
Para analizar esta situación, ecuadorenvivo.com conversó con Rosario Utreras, vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador (UNP), activista en defensa de la equidad de género y, entre otras funciones, expresidenta de la Federación de Mujeres Municipalitas de América Latina y El Caribe. Ella expresa su preocupación por la baja aplicación de la legislación y destaca la necesidad urgente de una política más efectiva y constante para proteger a las mujeres.
Desde su perspectiva, este problema social, incluido el femicidio como una se sus formas más perversas, sigue siendo una tragedia que Ecuador no ha logrado mitigar adecuadamente. Aunque iniciativas como los Centros Violeta han sido implementadas, advierte que, sin el respaldo adecuado en términos de decisión política y de presupuesto, todo esfuerzo resulta insuficiente. “Las políticas deben ir más allá de las palabras, se necesita acción real para hacer frente a esta crisis”, afirmó.
Bajo ese panorama, Rosario Utreras es enfática al señalar que hace falta una política permanente de defensa y protección a las mujeres contra las diferentes formas de violencia. Resaltó la importancia de la educación desde temprana edad, como una de las estrategias más efectivas para erradicar este otro tipo de pandemia que ataca a las sociedades, cada vez con mayor fuerza.
Pleno aprueba informe de cumplimiento de Ley para Erradicar la Violencia contra las Mujeres
Sanciones
Para los funcionarios que no cumplan su deber de proteger a las mujeres, Utreras dijo estar de acuerdo con las penalizaciones para asegurar el cumplimiento de la ley. “Cuando nos duele el bolsillo es cuando más reflexionamos sobre no volver a cometer los mismos errores”, comentó.
“No podemos permitir que quienes están encargados de nuestra protección miren hacia otro lado cuando se trata de agresiones contra las mujeres. Las sanciones son necesarias para romper ese ciclo de inacción”.
La activista recomendó priorizar la capacitación de jueces y otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. “Es esencial que quienes tienen en sus manos la administración de justicia estén plenamente capacitados para aplicar la ley correctamente. No podemos permitir que los derechos de las mujeres sean ignorados por falta de conocimiento o por negligencia”, enfatizó.
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