Es innegable que quienes conducimos, caminamos y vivimos en la ciudad de Quito no sentimos que las obras reflejen lo que debería ser vivir en la capital de un país. Nos enfrentamos diariamente a baches, recolectores de basura obsoletos, tachos rotos, parques descuidados y cortes de agua. Sin embargo, quiero hablar de un tema que muchos ciudadanos han tenido que enfrentar, incluso asumiendo nuevas deudas: la patente metropolitana.

Con esta reciente indignación por la patente, ayer nos enteramos de que el Municipio de Quito entregó vehículos nuevos a los concejales. Entendemos que renovar la flota vehicular puede ser necesario, pero ¿no les parece que hay cosas más urgentes?

En Quito, la basura se recoge en camionetas, ya no en esos camiones modernos que algún alcalde entregó con la esperanza de una ciudad más avanzada, pero que ahora están fuera de servicio. El actual concejo metropolitano parece más preocupado por asegurarse privilegios para ellos mismos que por servir a la ciudadanía. Un ejemplo claro de esto son las alarmas comunitarias, que la Secretaría de Seguridad de Quito —no el concejo— decidió asignar a los fiscalizadores de la ciudad, ignorando a los barrios que realmente enfrentan riesgos por la delincuencia.

Ayer, los concejales aceptaron en silencio la dádiva del alcalde para pasearse en carros nuevos, creyéndose más importantes que los ciudadanos a los que representan. Pero nada podría estar más lejos de la verdad; los concejales no están por encima de nadie. La idea de que obtuvieron una representación política para evadir la inseguridad o para turistear por Quito en vehículos nuevos debe ser duramente criticada por la ciudadanía.

Además de su sueldo, ahora reciben más beneficios por levantar la mano en el Concejo o por quedarse callados y no exigir explicaciones. Sabemos que el tema de los autos no era urgente, porque si lo fuera, todos los concejales los habrían aceptado. Sin embargo, los concejales Merino, Abad y Aulestia rechazaron estos vehículos, mostrando que comprenden que esto no es una prioridad.

En cuanto a Pabel, parece que ya no hay remedio. Proviene de grupos que luchan por la justicia social, pero su comportamiento sugiere lo contrario. Se consideran la clase más pobre del país y, por ende, creen tener el derecho de malgastar recursos públicos en comodidades absurdas, como una Trailblazer y alarmas para el barrio donde vive “con la mamita”.