Jorge Alvear, profesor de Derecho Constitucional, expresó su preocupación por la decisión de tres jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de remover de su cargo al presidente de ese organismo, Fernando Muñoz.

El analista cuestionó la legalidad de esta medida, destacando que el Código de la Democracia no contempla procedimientos específicos para la destitución del presidente del TCE, lo que podría indicar una violación al debido proceso.

Subrayó que la remoción de Muñoz podría ser considerada una sanción encubierta, aplicada sin respetar el procedimiento establecido en el Código Orgánico Administrativo (COA), que exige la instrucción de un caso con las debidas garantías de defensa para el funcionario afectado.

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Alvear señaló que este tipo de decisiones socava la seguridad jurídica y el principio de estabilidad en los cargos públicos, elementos esenciales para el funcionamiento adecuado de la justicia electoral.

Además, advirtió que este incidente genera inquietud respecto a la imparcialidad y la capacidad del TCE para garantizar un proceso electoral justo y transparente en las próximas elecciones. Aunque reconoció que no se pueden asegurar intereses políticos detrás de esta decisión, no descartó la posibilidad de que existan motivaciones no reveladas.