Suena a sarcasmo, pero no lo es. El país desde el 14 de mayo del 2025 tendrá una Asamblea Nacional con 151 miembros, es decir, catorce más que en la actualidad.

Esto significa que usted, si tiene 16 años o más y vive en Azuay, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Morona Santiago, Pichincha, Tungurahua, Orellana o Santa Elena, deberá elegir a un mayor número de legisladores provinciales, el próximo 9 de febrero.

Este incremento, de 137 a 151 miembros, se debe al aumento en la población nacional reflejado en los datos oficiales del último Censo de Población y Vivienda, desarrollado en el 2022. El cambio está contemplado en nuestro marco legal vigente. Guayas y Pichincha son las provincias que más asambleístas adicionales elegirán, cuatro y tres, respectivamente.

Pero, más allá de lo increíble del dato, me pregunto ¿este crecimiento en la cantidad de legisladores agravará la crisis de representatividad de nuestra democracia? Justo cuando el Ecuador atraviesa una gravísima crisis socio económica y de seguridad.

En las últimas semanas, según las encuestadoras, Cedatos y Click Report, la Asamblea Nacional, registró una caída importante en la percepción de su trabajo institucional ante la ciudadanía. Ahora, más del 75% de los encuestados desaprueban su gestión. Incluso, Cedatos indica que el 84% de los ecuatorianos no confía en la palabra de los legisladores.

No nos olvidemos que esta entidad colegiada, a inicios de este año, registró una aprobación récord de casi el 40%, justo cuando la ciudadanía percibió cómo el ejecutivo y el legislativo trabajaban juntos para expedir leyes, a fin de combatir la inseguridad y obtener financiamiento para encarar el conflicto armado interno. Ahí la clave para el éxito de la Asamblea Nacional (pero no lo entienden).

De acuerdo con reportes periodísticos, cada asambleísta le cuesta al país un promedio de USD 16.000 al mes, debido a los costos de su salario y el de su equipo de trabajo, viáticos, el pago de traslados locales e internacionales, comisiones a territorio, planes de celulares, de internet y logística. Esto, sin tomar en cuenta los beneficios adicionales cuando un asambleísta preside alguna comisión legislativa o están en el Consejo de Administración Legislativo (CAL).

El presupuesto asignado a este poder del Estado ronda entre los USD 45 o USD 50 millones al año. Según el Observatorio Legislativo, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, casi el 40% de los miembros de la Asamblea Nacional no ha presentado proyectos de ley de forma individual o colectiva desde que se posesionaron.

Además, si hablamos de datos referenciales mencionaremos que un hospital básico de 30 camas puede costar entre USD 16 y USD 19 millones en el país y que gran parte de los más de 20.000 ecuatorianos que requieren diálisis tienen problemas para acceder a este tratamiento por parte del Estado, debido a la falta de recursos en el fisco. Y la lista de problemas sociales es muy larga.

Incluso, países vecinos como Colombia y Perú tienen 172 y 130 diputados, correspondientemente, para poblaciones de casi 53 millones y 34 millones. Ecuador tiene 18 millones de habitantes.

Y si bien nuestro poder legislativo sigue aprobando leyes, ¿por qué los ecuatorianos no perciben el aporte de esta institución en el mejoramiento de la calidad de sus vidas?

Con esta crisis de representatividad ¿Ecuador está listo para aumentar su número de asambleístas? Definitivamente creo que no y este hecho puede generar una nueva crisis de legitimidad de la democracia y de gobernabilidad.

Entonces: ¿vale la pena pagar por más asambleístas en medio de la pobreza de la caja fiscal, la inseguridad, la falta de empleo, la pobreza y la situación de los servicios que brinda el Estado a las familias de la nación?