El Mayor Xavier Alejandro Pinoargote Vázquez, el Mayor Freddy Santiago Quintanilla Ayala, el Teniente John Jairo Mena Mendoza y el Subteniente Ángel Eduardo Jiménez Orozco, los cuatro militares bajo investigación por la muerte de la teniente Aidita Ati, han logrado un cambio en sus medidas cautelares. La subteniente del Ejército ecuatoriano, Aidita Ati Gavilanes, fue hallada sin vida en su habitación en el Fuerte Militar Napo, en Orellana, el 29 de junio de 2024. El reporte inicial del Ejército indicó que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de las vías aéreas.

La Fiscalía inició una investigación y acusó a los cuatro militares de femicidio. Aunque se solicitó prisión preventiva, en la audiencia del 30 de junio, una jueza especializada dictó medidas alternativas, alegando riesgo procesal debido a que los sospechosos están vinculados al lugar del crimen.

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El 17 de julio, la Corte Provincial de Orellana revocó estas medidas alternativas y ordenó prisión preventiva para los cuatro implicados. La misma semana, la defensa de la familia de Ati recibió un segundo informe de autopsia que confirma que la subteniente fue violada y presenta signos de agresión y resistencia.

Luis Ati, padre de Aidita, ha solicitado justicia y un esclarecimiento total del caso, organizando manifestaciones y llamando al presidente Daniel Noboa para intervenir en la investigación. En una nueva audiencia programada para el 30 de julio, se vincularán dos nuevos sospechosos: el subteniente Luis Fierro y la capitán María Vaca, quienes tienen vínculos directos con el caso.

El 1 de julio, el Ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, prometió total transparencia y castigo para los culpables del femicidio. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una asfixia mecánica, contradictoria con la versión inicial del Ejército, que alegaba obstrucción de las vías aéreas debido al consumo de alcohol.

El caso de Aidita Ati se suma a otros incidentes de violencia en las fuerzas de seguridad. El femicidio de María Belén Bernal en 2022, perpetrado por su esposo, ex teniente Germán Cáceres, ha sido otro caso notable que movilizó a la sociedad. El ex teniente fue condenado a 34 años y 8 meses de prisión.

La jueza que analiza el caso de Aidita Ati ha impuesto nuevas medidas cautelares, requiriendo a los acusados que se presenten periódicamente en la Fiscalía de Orellana y les ha prohibido la salida del país.

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