El jueves 8 de agosto de 2024, la vicepresidenta Verónica Abad presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el presidente Daniel Noboa. La acusación, que se basa en presuntos actos de violencia política de género, también involucra a la canciller Sommerfeld, el viceministro Esteban Torres y la asesora Diana Jácome. La denuncia debe ser evaluada y aceptada o rechazada por un juez electoral.

¿Qué es la violencia política de género?

El artículo 280 del Código de la Democracia define la violencia política de género como una infracción electoral grave. Este término se refiere a cualquier agresión dirigida contra mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o en cargos públicos, así como contra defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, y sus familias. Esta conducta antijurídica afecta los derechos de participación y los principios del proceso electoral, según informó el TCE.

Las sanciones por violencia política de género incluyen multas que van de 21 a 70 salarios básicos unificados, destitución, y/o suspensión de derechos de participación por un período de dos a cuatro años. También se pueden imponer medidas de reparación, como:

• Disculpas públicas
• Publicación íntegra de la sentencia en la página web del TCE
• Capacitación sobre derechos de participación y su vulneración

¿Cuál es el proceso tras una denuncia?

Una vez presentada la denuncia ante el TCE, el juez competente evalúa el caso y puede solicitar aclaraciones al denunciante en un plazo de 48 horas. Si la denuncia es admitida, el juez cita a los presuntos infractores, quienes tienen cinco días para responder, presentar pruebas y hacer alegaciones. Después, se realiza una audiencia oral única para la presentación de pruebas y alegatos, y se dicta una sentencia en primera instancia. Contra esta sentencia, se pueden presentar recursos de aclaración o ampliación. Finalmente, se puede recurrir a una apelación si así lo decide el juez y la sentencia es revisada por el Pleno del TCE.