En medio de un torbellino de críticas y debates, el proyecto de Ley Orgánica para la promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales no Humanos ha captado la atención por sus implicaciones sobre la protección y defensa de los animales. La ley, que se encuentra en el proceso de revisión, ha suscitado una amplia gama de opiniones, destacándose las preocupaciones de expertos del sector agropecuario y líderes gremiales.

Rodrigo Gómez de la Torre, reconocido ganadero y agricultor, ha sido uno de los críticos que más ha cuestionado el proyecto. En una reciente entrevista en el programa “Vera a su Manera”, expresó su descontento con la legislación, señalando que algunas de las disposiciones iniciales del proyecto eran exageradas y podrían afectar gravemente al sector productivo. Destacó que el informe para el primer debate ya ha sido modificado para eliminar aspectos controversiales, como la equiparación de los derechos de los animales con los de los seres humanos, y la prohibición de ciertas prácticas agropecuarias.

Gómez de la Torre subrayó la importancia de evitar la sobrerregulación que podría generar efectos adversos como desabastecimiento, especulación de precios y proliferación de mercados clandestinos. Añadió que la Corte Constitucional ya había establecido que los derechos de los animales no deben equipararse a los de los seres humanos, y que el proyecto actual debe equilibrar la protección animal con las necesidades del sector agropecuario.

Por su parte, Fausto Enrique Álvarez Sánchez, presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura y socio de la Asociación de Ganaderos del Litoral, también manifestó su preocupación. Álvarez Sánchez criticó la falta de participación ciudadana en la formulación del proyecto y la posible imposición de regulaciones que podrían incrementar los costos de alimentos esenciales. Aseguró que el sector agropecuario está dispuesto a comparecer ante la Asamblea para asegurar que se realicen las correcciones necesarias antes del segundo debate.

El proyecto de ley, impulsado por la Defensoría del Pueblo, busca establecer un marco normativo que prevenga el maltrato animal y promueva el bienestar de los animales no humanos. Sin embargo, los críticos temen que algunas de las disposiciones propuestas puedan tener consecuencias no deseadas en la economía y en el abastecimiento de productos de origen animal.