Este martes 6 de agosto de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 94 votos a favor el inicio de un juicio político contra cuatro ministros del Gobierno de Daniel Noboa. La causa: el proyecto inmobiliario que en el área protegida de Olón, en la provincia de Santa Elena, planeaba construir la empresa Vinazin S.A., un caso con el que fue relacionada la primera dama Lavinia Valbonesi.

Los secretarios de Estado llamados a este proceso de juicio son Sade Fritschi, ministra de Ambiente; Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa; Niels Olsen, ministro de Turismo; y Mónica Palencia, ministra del Interior.

En el informe de sustentación del pedido de juicio, presentado por la Comisión de Gobiernos Autónomos se acusa a los cuatro ministros de incumplir sus funciones constitucionales y legales al no atender adecuadamente las solicitudes de información sobre la protección ambiental y los derechos colectivos de las comunas en Santa Elena. Esto, según los comisionados, ha generado serias preocupaciones sobre la gestión de la situación.

La presidenta de la Comisión, Victoria Desintonio, presentó la moción para el juicio político, que fue respaldada por 94 legisladores. En contraste, 31 votaron en contra y 6 se abstuvieron. Ahora, se debe presentar una solicitud formal para iniciar el proceso.

El respaldo para la moción provino mayoritariamente de la bancada de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, mientras que Acción Democrática Nacional (ADN) e independientes se opusieron.

Esta decisión sigue a un escándalo que involucra el proyecto inmobiliario en Olón, vinculado con Lavinia Valbonesi, esposa del Presidente de Ecuador. Denuncias de organizaciones sociales y ambientales apuntaron a irregularidades en los permisos ambientales para la construcción en una zona de manglares y algarrobos, a cargo de la empresa Vinazin S.A.

Pese a que la compañía anunció la suspensión de las obras, las organizaciones afirmaron que la construcción ya había causado daños ambientales significativos. En respuesta, el informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos también solicita la intervención de otras entidades de control.

El informe será enviado a la Fiscalía General del Estado para investigar las posibles infracciones en la entrega del Registro Ambiental a Vinazin S.A. Además, se pedirá a la Contraloría un examen especial relacionado con el caso.