Este lunes 5 de agosto de 2024, la Corte Nacional de Justicia reinstaló la audiencia de juzgamiento de los policías Mario C., Marcos V., Aurelio C. y Erick S., quienes fueron condenados por su participación en el plagio y desaparición forzada de tres personas en una farmacia de Guayaquil en 2003.
El tribunal, compuesto por los jueces Felipe Córdova, Lauro de la Cadena y Julio Inga, emitió una resolución unánime después del juzgamiento de abril pasado. El fiscal subrogante Wilson Toainga estuvo presente durante la diligencia.
La sentencia impuso 26 años de prisión a los cuatro policías, además de multas, la colocación de una placa conmemorativa y la creación de una unidad de derechos humanos en la Policía Nacional del Ecuador. Esta decisión llega 20 años, ocho meses y 15 días después de los hechos.
El 19 de noviembre de 2003, un intento de robo en una farmacia en la Ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil, llevó a un enfrentamiento armado con un grupo de 20 policías que se encontraba en el lugar. Ocho personas murieron, todas identificadas como presuntos asaltantes, incluidos José Cañar Reyes, Jazmani Rosero López y Raúl Salinas Chumacera.
Bloque de Seguridad: Existe disminución de muertes violentas en un 19%
María Dolores Guerra Tábara e Iván Stalin Mata Valenzuela, familiares de dos de los desaparecidos, recibieron llamadas de los detenidos. Las víctimas, Johnny Elías Gómez Balda, César Augusto Mata Valenzuela y Erwin Daniel Vivar Palma, fueron reportadas como desaparecidas, mientras que Seydi Vélez Falcón fue la única sobreviviente del incidente.
La Inspectoría General de Policía presentó un informe el 2 de diciembre de 2003, señalando irregularidades en el procedimiento de los agentes, quienes actuaron sin autorización y de manera desproporcionada. La Comisión de Control Cívico de la Corrupción investigó el operativo y concluyó que las armas de los presuntos delincuentes no fueron disparadas y que las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador inició investigaciones, confirmando en abril de 2005 violaciones a los derechos humanos por parte de los policías. La desaparición forzada de Johnny Gómez, César Mata y Erwin Vivar fue clasificada como un delito de lesa humanidad. Las acusaciones contra los desaparecidos y sus familiares no prosperaron, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una queja contra el Estado ecuatoriano por violaciones a los derechos humanos.
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Este lunes 5 de agosto de 2024, la Corte Nacional de Justicia reinstaló la audiencia de juzgamiento de los policías Mario C., Marcos V., Aurelio C. y Erick S., quienes fueron condenados por su participación en el plagio y desaparición forzada de tres personas en una farmacia de Guayaquil en 2003.
El tribunal, compuesto por los jueces Felipe Córdova, Lauro de la Cadena y Julio Inga, emitió una resolución unánime después del juzgamiento de abril pasado. El fiscal subrogante Wilson Toainga estuvo presente durante la diligencia.
La sentencia impuso 26 años de prisión a los cuatro policías, además de multas, la colocación de una placa conmemorativa y la creación de una unidad de derechos humanos en la Policía Nacional del Ecuador. Esta decisión llega 20 años, ocho meses y 15 días después de los hechos.
El 19 de noviembre de 2003, un intento de robo en una farmacia en la Ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil, llevó a un enfrentamiento armado con un grupo de 20 policías que se encontraba en el lugar. Ocho personas murieron, todas identificadas como presuntos asaltantes, incluidos José Cañar Reyes, Jazmani Rosero López y Raúl Salinas Chumacera.
María Dolores Guerra Tábara e Iván Stalin Mata Valenzuela, familiares de dos de los desaparecidos, recibieron llamadas de los detenidos. Las víctimas, Johnny Elías Gómez Balda, César Augusto Mata Valenzuela y Erwin Daniel Vivar Palma, fueron reportadas como desaparecidas, mientras que Seydi Vélez Falcón fue la única sobreviviente del incidente.
La Inspectoría General de Policía presentó un informe el 2 de diciembre de 2003, señalando irregularidades en el procedimiento de los agentes, quienes actuaron sin autorización y de manera desproporcionada. La Comisión de Control Cívico de la Corrupción investigó el operativo y concluyó que las armas de los presuntos delincuentes no fueron disparadas y que las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador inició investigaciones, confirmando en abril de 2005 violaciones a los derechos humanos por parte de los policías. La desaparición forzada de Johnny Gómez, César Mata y Erwin Vivar fue clasificada como un delito de lesa humanidad. Las acusaciones contra los desaparecidos y sus familiares no prosperaron, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una queja contra el Estado ecuatoriano por violaciones a los derechos humanos.
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