Liberan a periodista Dayana Krays tras detención arbitraria en Venezuela

Ago 4, 2024

El sábado 3 de agosto de 2024, la periodista Dayana Krays, corresponsal del medio La Data Ec, fue liberada tras ser detenida en Caracas, la capital de Venezuela. Krays había sido arrestada mientras regresaba a su hogar después de cubrir una manifestación liderada por la opositora María Corina Machado.

Según La Data Ec, Krays fue interceptada por agentes del gobierno de Nicolás Maduro. La asociación de periodistas venezolanos en Ecuador (Apeve) condenó la detención, calificándola de acto autoritario del régimen y destacando la importancia de la libertad de prensa. Apeve también organizó una rueda de prensa en Quito el 2 de agosto para alertar sobre la creciente represión en Venezuela y su impacto regional.



El mismo día de la detención, miles de venezolanos se movilizaron en varias ciudades para exigir respeto a los resultados electorales, con enfrentamientos reportados en Caracas entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Krays fue liberada después de varias horas y agradeció el apoyo recibido en un mensaje publicado en su cuenta de X. En el mensaje, indicó que se encuentra en un lugar seguro y que no sufrió agresiones físicas, aunque mantiene en reserva su ubicación por razones de seguridad.

El presidente venezolano Nicolás Maduro informó el sábado 3 de agosto de 2024 sobre la detención de 2,000 personas debido a las protestas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales, que proclamaron su reelección.

Durante una marcha en Caracas, Maduro afirmó que los detenidos serán trasladados a las cárceles de Tocorón y Tocuyito, donde recibirán el «máximo castigo». “Esta vez no habrá perdón, solo justicia”, declaró el mandatario, quien describió las acciones de los manifestantes como «muy graves».

Maduro acusó a los detenidos de presuntamente haber incendiado centros electorales y sedes regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Aseguró que todos han confesado sus actos después de un proceso legal dirigido por la Fiscalía General, que garantizó la legalidad del procedimiento.



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