Pamela Aidita Ati Gavilánez, subteniente en las Fuerzas Armadas del Ecuador, 25 años y toda una vida de sueños que fueron truncados por la violencia. El pasado 29 de junio de 2024, fue encontrada muerta en su habitación dentro de un Fuerte Militar en la provincia de Orellana. Un espacio que se supone seguro.

Desde ese día, su familia no ha tenido verdad, justicia y reparación. Obligaciones internacionales de derechos humanos a las cuales el Ecuador tiene el mandato de cumplir al haber ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Las primeras declaraciones de las Fuerzas Armadas del Ecuador señalaron que la muerte de Pamela Aidita fue por asfixia; sin embargo, más adelante, las pericias forenses revelaron que existió violencia sexual y violencia física.

Ecuador cuenta con el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres integrado por más de veinte instituciones del Estado, entre ellas, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado. En este mes crucial, no ha sesionado.

El Sistema tiene competencia para convocar a las Fuerzas Armadas del Ecuador y Ministerio de Defensa para articular todas las acciones de atención, protección y reparación que la familia de Pamela Aidita espera y aspira junto con una justicia oportuna.

Activar este Sistema Nacional permite caminar hacia medidas de no repetición, otra obligación internacional relevante en el contexto de Ecuador, ya que en septiembre de 2022 se conoció el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía en Quito.

Es deber del Estado actuar con debida diligencia reforzada. Establecer sanciones a los responsables directos de este cruel delito y también sanciones administrativas y políticas por la cadena de omisiones.

Lo más urgente aliviar el sufrimiento de su familia.