En una entrevista transmitida en el programa Vera a su Manera, conducido por Carlos Vera, Mauricio Torres, nuevo contralor general del Estado (CGE), destacó la noche de este martes, 31 de julio de 2024, los avances y desafíos que enfrenta en su gestión para reforzar la institucionalidad y la transparencia en el Ecuador.

Torres, quien asumió el cargo en noviembre de 2023, enfatizó que la lucha contra la corrupción es fundamental para fortalecer la democracia y la institucionalidad. Señaló que, aunque la Constitución y las leyes actuales presentan deficiencias, es crucial contar con un sistema de control eficaz. En este sentido, abordó los avances logrados desde su nombramiento, destacando la implementación de nuevas leyes y tecnologías.

Entre los logros más significativos, Torres mencionó la aprobación de la Ley de Auditoría Forense y la Ley de Auditoría Informática, así como la incorporación de sistemas de Inteligencia Artificial para el análisis de declaraciones patrimoniales. Estas medidas buscan mejorar la precisión y efectividad de las auditorías, permitiendo detectar aumentos patrimoniales no declarados y optimizar la gestión documental.

Sin embargo, también reconoció los desafíos enfrentados, incluyendo la resistencia interna dentro de la Contraloría. “Hemos tenido que reemplazar personal y enfrentar acusaciones de acoso laboral en un intento por sanear el departamento”, comentó Torres. Además, mencionó problemas de sobrecarga de trabajo y la necesidad de contar con recursos adecuados para contratar abogados expertos y defender a los auditores en casos legales.

El Contralor también abordó la cuestión de la recuperación de coactivas, revelando que, a pesar de haber logrado recuperar $1 millón en el primer mes de su gestión, aún enfrenta el reto de cobrar los aproximadamente $360 millones pendientes desde el año 2000. Torres destacó que el proceso de remisión de intereses permitirá recuperar otros $140 millones.

En cuanto a los informes caducados, Torres aseguró que se está trabajando en la recuperación de hasta 3,000 informes que podrían perderse, con el objetivo de salvaguardar millones de dólares en potenciales pérdidas para el Estado.