El exjuez Emerson Curipallo, conocido por haber liberado al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas a finales de 2022, recibió este martes 30 de julio de 2024 una nueva condena de dos años y seis meses de cárcel por el delito de prevaricato.

La Fiscalía informó a través de su cuenta en X que Curipallo, quien ejercía como juez de Garantías Penales y de Tránsito en Santo Domingo de los Tsáchilas, “desnaturalizó una acción de habeas corpus y, sin competencia, dispuso la libertad de personas que cumplían sentencias”. Curipallo aceptó los cargos y, en consecuencia, recibió una condena reducida de 30 meses de prisión.

Recientemente, el mismo juez fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel por delincuencia organizada. Esta sentencia se dictó después de que Curipallo se declarara culpable de haber liberado a dos sicarios del fallecido narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero, a cambio de un pago de 200,000 dólares.

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Esta última condena se enmarca en el caso Metástasis, una amplia trama de corrupción judicial, policial y carcelaria revelada tras analizar la información de los teléfonos móviles de Norero, después de su muerte en la cárcel en 2022. En el juicio, el juez de la Corte Nacional de Justicia también impuso a Curipallo el pago de una multa de 5,520 dólares y una indemnización al Estado de 11,040 dólares, además de los 200,000 dólares que recibió de Norero.

Dentro del expediente del caso Metástasis, la Fiscalía incluyó la declaración de un testigo bajo colaboración eficaz, quien aseguró que Curipallo recibió la resolución para liberar a Glas de manos del exjuez de la Corte Nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, actualmente en prisión preventiva.

Jorge Glas, que rechaza las acusaciones y se declara un perseguido político, se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, tras ser detenido en abril dentro de la Embajada de México en Quito durante una incursión a la sede diplomática ordenado por el presidente Daniel Noboa.

Glas, imputado por presunto peculado en las obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016 en Manabí, también debe cumplir una pena de ocho años de prisión por dos sentencias: una por asociación ilícita en el caso Odebrecht y otra por cohecho en el caso de financiación irregular de Alianza País en 2020.