Debería estar en marcha el concurso público, de méritos y de oposición, para la elección del nuevo fiscal general del Estado. Pero, no es así. El 8 de abril de 2025 termina sus funciones Diana Salazar y para entonces el Ecuador ya debe tener su reemplazo. Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCYCS), el organismo responsable de regular dicho concurso y escoger entre los participantes al mejor puntuado para que sea posesionado por la Asamblea Nacional.

La designación de esta autoridad de control tiene especial importancia, tanto más que hasta ahora y desde que asumió funciones el 8 de abril de 2019 la fiscal actual ha desarrollado un trabajo con excelentes calificaciones. Todo indica que la vara que ella deja para superar es muy alta y, por consiguiente, la supervisión que realizará el Consejo de Participación al concurso público es de responsabilidad extrema. Con eso, el nombramiento que efectuará la Asamblea Nacional, en la persona escogida, lleva consigo el aval y la garantía de un funcionario de cuyas idoneidad y probidad notorias nadie dudará. Así, los ecuatorianos sabrán que el nuevo fiscal, hombre o mujer, será un honorable servidor público.

Sin embargo, ¿existe la confianza de que así será? El Consejo de Participación, como es de dominio general, es una entidad de pésima credibilidad desde su origen y aun cuando las voces se han multiplicado en el sentido de que debe desaparecer, quienes tienen en sus manos hacerlo son los mismos que, a escondidas o descaradamente, lo mantienen y lo quieren para usarlo en beneficio de sus protervos intereses políticos. Según ha trascendido, el reglamento que servirá para el concurso de elección del fiscal ha sido preparado con un tendencioso contenido por un consejero que ahora, también, es pre candidato presidencial, y el mismo que en goce de permiso de paternidad no participó en la sesión que nombró a Dunia Martínez, pero sí concurrió al día siguiente para pedir la reconsideración de lo resuelto y votar, ahora sí, por el actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy, cuestionado ampliamente por sus antecedentes privados y públicos.

La reputación del mencionado Consejo no está en duda; es repudiable. Allí, todo el tiempo se reemplazan a sus presidentes, las mayorías móviles y muy mal intencionadas son pan del día, la súper politización de sus miembros se consagró mediante voto popular (consulta 2017), la manipulación y ninguna transparencia de los concursos que “vigila”, entre otros graves defectos marcan la vida de este organismo creado con el propósito de que dure 300 años”, como el gobierno que lo hizo nacer.

Es probable que todos lo sepan, pero a mí me gusta insistir en que la ley no es la justicia, sino la normativa para la convivencia social y debe respetarse a rajatabla. La justicia, en esencia, no necesita norma, siempre es hacer lo correcto y no perjudicar a nadie. En la elección del nuevo fiscal general, ¿cómo creen será la actuación del Consejo de Participación Ciudadana?