Para este martes 30 de julio de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional (AN) convocó al ministro de Salud, Antonio Naranjo, y al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Eduardo Peña, para analizar los acuerdos alcanzados con la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), a fin de saldar la deuda que, por más de $120 millones, arrastra el Estado, por la prestación de servicios oncológicos.

En la sesión, fijada para las 09h00, los dos funcionarios deben informar sobre los avances en este tema crucial para los pacientes que padecen de cáncer en diversas provincias del país.

Según han alertado desde hace varios años los directivos de Solca-Quito, la falta de pago ha puesto en riesgo la entrega de medicinas a los pacientes y la operatividad de los equipos. Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno de Daniel Noboa.

El pasado 25 de junio de 2024, Solca- Guayaquil y anunció que no recibirá nuevos pacientes derivados del IESS, mientras no haya una solución definitiva a la deuda en mora. La sede en Quito se sumó a esta medida dos días más tarde.

Comisión intensificará fiscalización a la deuda con los prestadores externos de salud

En septiembre de 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso informó que destinará $115 millones para pagar a los prestadores de servicios de salud privados y a SOLCA. El Ministerio de Salud, en ese entonces, comprometió la cancelación de $23 millones. Sobre el cumplimiento de este compromiso, informarán los funcionarios en la sesión que se lleva a cabo en el Pleno de la Asamblea.

Informe sobre presuntos abusos de dirigentes sindicales

En otro tema, también relacionado con el IESS, en la sesión del Pleno de este día se espera que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, informe sobre el escándalo respecto a presuntos abusos cometidos por el Sindicato de Trabajadores del Seguro.

Transferencias a los GAD

El ministro de Finanzas Juan Carlos Vega también fue llamado para explicar en detalle el cumplimiento de las transferencias de las asignaciones presupuestarias a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).