La Comisión de Fiscalización y Control Político, este viernes, 26 de julio, recibió los alegatos finales de cargo y de defensa, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesta por la asambleísta Jhajaira Urresta, en contra de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, por incumplimiento de funciones.

Jhajaira Urresta, solicitante del juicio, sustentó las tres causales de incumplimiento de funciones, en la irrupción armada en la Embajada de México, el pasado 5 de abril; la negativa a entregar el salvoconducto a Jorge Glas, una vez recibió el asilo diplomático del Gobierno mexicano; y, el impasse diplomático con Rusia por el ofrecimiento de venta de material bélico de ese país como “chatarra” a Estados Unidos de Norteamérica.

Enfatizó que los testimonios rendidos por expertos en derecho internacional, embajadores y especialistas en movilidad humana dejaron en claro que la ministra  Gabriela Sommerfeld ha incumplido sus funciones y ha demostrado desconocimiento del derecho internacional e improvisación en el manejo de la política exterior. La asambleísta Urresta sugirió que las decisiones de la ministra tienen relación con intereses personales y familiares.

Insistió en que lo ocurrido el 5 de abril generó graves consecuencias para los migrantes en la frontera mexicana, que no tienen a quién recurrir para que defiendan sus derechos como ciudadanos en movilidad humana, una acción que ha sido rechazada por todas las naciones del mundo y, ahora, la defensa del país ante organismos internacionales por la irrupción en la Embajada le costará al Ecuador más de cinco millones de dólares, recursos que pudieron ser destinados a la seguridad y salud.

De su lado, la funcionaria cuestionada, Gabriela Sommerfeld recordó que México incumplió más de 10 artículos del derecho internacional, al negarse a entregar a un ciudadano requerido por la justicia por delitos comunes, al haber vulnerado el principio que prohíbe la injerencia en asuntos internos del país receptor, entre otros hechos. “Ecuador ha actuado con buena fe en su relación diplomática con México, la actitud del Gobierno de México no solo fue una falta de respeto al Gobierno ecuatoriano, sino una falta de respeto a nuestra democracia y al derecho a elegir libremente”, añadió.  

Indicó que todo inició en diciembre de 2023, cuando el señor Jorge Glas, faltando a la medida de presentarse ante la autoridad competente, ingresó a la Embajada de México en calidad de huésped, condición que no consta en ningún instrumento internacional relacionado con el derecho de asilo. Advirtió que el Gobierno solicitó en reiteradas ocasiones que se permita ingresar a dicha diplomática para detener al señor Glas, conforme la orden judicial, sin que se haya tenido respuesta.

Explicó que la irrupción en la Embajada respondió al interés nacional de luchar contra la impunidad y la corrupción. Agregó que, mediante sentencia, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó que la detención del señor Glas fue legal, legítima y no arbitraria. He defendido y seguiré defendiendo los intereses, la soberanía y la integridad territorial del Ecuador, subrayó, al insistir en que la proponente del juicio representa la defensa del Estado Mexicano, en contra del Ecuador, pues expone los mismos argumentos que presentó ese país en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Al cierre de su defensa, Gabriela Sommerfeld solicitó el archivo de la solicitud de juicio político por cuanto no se ha demostrado ninguna causal de incumplimiento de funciones.

Concluida esta fase del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir del domingo, 28 de julio, correrá el plazo de cinco días para que la Comisión de Fiscalización emita el informe motivado por el cual podrá recomendar al Pleno de la Asamblea el archivo del trámite o el juicio político.