Gabriela Fraga es ingeniera Ambiental, máster en Prevención de Riesgos; asesora en gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, calidad y responsabilidad en el sector petrolero y otros.

En los últimos meses hemos sido testigos de decenas de testimonios y denuncias de la destrucción de las orillas de ríos, áreas protegidas y zonas de riqueza natural y biodiversidad en el oriente ecuatoriano, particularmente en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora, es decir todas. Si, con pena debemos decirlo, aceptarlo y gritarlo si es necesario, la minería ilegal está arrasando a vista y paciencia de autoridades, y, sorprendentemente de activistas ambientales que hasta hace poco se daban golpes de pecho por la actividad petrolera o minera formal en la misma zona, ¿coherente?  No, no lo es, y no se debe a falta de conocimiento del gran problema que enfrentamos sino a que no conviene.

Si bien es cierto hay varios activistas ambientales, fundaciones y grupos que están alzando la voz contra este monstruo que ha ido creciendo sin que nadie le ponga un freno, y que a esto se van sumando voces ciudadanas, medios de comunicación, periodismo especializado, ciudadanos de las zonas afectadas, pueblos indígenas y recientemente líderes políticos como la alcaldesa de Yantzaza, la verdad es que de las más enérgicas voces ambientales no hemos escuchado sino el más ensordecedor silencio. ¿Por qué? Porque simplemente no conviene, porque algunos han cedido terreno de la conciencia por la agenda política, las razones de su silencio, las sabrán ellos, a quiénes no les gustará leer esto. Y si bien no son todos (felizmente), y no podemos ni debemos ponerlos en el mismo saco, hay que decirlo, porque los grupos con voz y reconocimiento que guardan silencio a conveniencia hacen daño deslegitimando al activismo real. Si usted es activista de conciencia no se sentirá aludido, al contrario, imagino como asienta con la cabeza mientras me lee, porque sentirá la misma indignación que yo.

¿Qué hacemos? es necesario seguir sumando voces, ejercer presión, y que formemos un frente común, el impacto ambiental que genera la minería ilegal es irreversible si no lo detenemos, la magnitud del daño es inconmensurable desde el punto de vista no solo ambiental, sino económico, turístico, y social, esta actividad se filtró en todos los tejidos e involucra a todos los sectores, a las fuerzas del orden, a políticos, a líderes comunitarios y al mismo estado, cuenta con recursos económicos (millones) y ejerce violencia. ¿Cómo hacerle frente? No lo sé, lo que sí sé, es que a menos que nos unamos el estado, los activistas, los medios, los ciudadanos y un ausente: el sector privado, este monstruo seguirá creciendo y ya no lo hace en silencio.