Anabelle Chacón es matemática. Máster en Gerencia Educativa y en Ingeniería Matemática y Computación, candidata a PhD. Docente universitaria en Temas de control electoral. Puedes encontrar más artículos en ecuadorenvivo.com/opinion/

El Ecuador vive en las urnas.  Se aproximan nuevamente elecciones presidenciales para el 2025, cuando recién acabamos de pasar una consulta popular y referéndum. Estos procesos se han vuelto una constante en la vida política, por eso el protagonismo que tiene el Consejo Nacional Electoral, CNE, es fundamental al momento de decidir el destino del país.   Por ello, vale recordar donde nace este organismo que está empañado de ilegitimidad en sus actuaciones.

Los consejeros D. Atamaint, E. Acero, L. Verdesoto, E. Pita y J. Cabrera asumieron funciones el 20 de noviembre del 2018 y fueron designados por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – Transitorio, presidido por J. C. Trujillo, como consecuencia de una consulta popular convocada por el presidente Lenin Moreno.  Ante la renuncia de Verdesoto, se principaliza E. Nájera.

Desde su designación se produce la primera irregularidad, porque se encontraban en funciones en el CNE cuando participaron y existe prohibición expresa de que así sea.

Los consejeros están ahora más que prorrogados ya que según el Art. 24 del Código de la Democracia, los cinco consejeros deberían ejercer sus funciones por seis años y renovarse parcialmente cada tres años. Han pasado ya SEIS años y esto NO se ha cumplido, siendo el CPCCS el responsable de esto.

Pero, al margen de todo esto, que no es poco, ni de las dudas que generan por la forma en que conducen los procesos electorales, las autoridades del CNE han sido destituidos dos veces. La primera vez en el 2020 por la Contraloría General del Estado, por no acatar las observaciones de carácter obligatorio de la auditoría realizada a la institución, notificada el 22 de junio del 2020, que NINGUNA autoridad ha hecho respetar hasta el día de hoy.  La segunda fue emitida por el Tribunal de lo Contencioso Electoral, TCE, el 6 de enero del 2021 por no acatar una sentencia electoral, la cual el mismísimo TCE dejó insubsistente el 3 de mayo de 2022.

Esto muestra cómo, cuando se trata del CNE, ninguna institución se atreve a poner el cascabel al gato y todo se mueve con una parsimonia sorprendente.  Para muestra otro botón, la aprobación del reglamento del concurso realizado en abril del 2023, le tomó nueve meses al CPCCS aprobarlo y, dicho concurso, para la renovación de únicamente dos de los consejeros, hasta ahora no se sabe si está o no vigente o si se realizará otro para los otros tres consejeros restantes o si habrá otro para los cinco.

Lo cierto es que el tiempo se termina y el 20 de noviembre seria el plazo máximo para que el CPCCS designe nuevas autoridades o serán destituidos por incumplimiento de funciones, cosa que ya debería darse porque nunca renovaron parcialmente el CNE como manda la ley.  Que esto ocurra parece imposible, considerando que solamente faltan cuatro meses y, con la incoherencia y velocidad con las que trabaja el CPCCS, es poco probable que acelere el proceso, con lo cual tendremos unas elecciones, nuevamente, en manos de la misma gente.