En Ecuador, muchas instituciones educativas no aplican los protocolos ni denuncian casos de violencia sexual, dejando a las víctimas sin justicia, según Human Rights Watch. El informe de 65 páginas titulado “Como poniendo parches: Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas” destaca deficiencias graves en la respuesta del Estado ante el abuso sexual en el sistema educativo.

Katherine La Puente, coordinadora de la división de derechos del niño en Human Rights Watch, criticó la falta de medidas adecuadas por parte del gobierno ecuatoriano y urgió a cumplir con el compromiso de tolerancia cero contra la violencia sexual en las escuelas.

Cifras alarmantes de violencia sexual

En la última década, se han registrado 6.438 casos de violencia sexual en instituciones educativas, afectando a 7.303 menores. Entre enero de 2020 y junio de 2024, el Ministerio de Educación reportó 2.827 casos, mientras que entre 2014 y 2024, se denunciaron 78 casos relacionados con conductores de transporte escolar.

Human Rights Watch realizó 68 entrevistas con representantes de la sociedad civil y revisó datos del Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. El informe revela un subregistro de denuncias debido a la prioridad de proteger la reputación de las instituciones educativas sobre el bienestar de los estudiantes.

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Impacto de la inseguridad y la educación en línea

La inseguridad y el aumento de la educación en línea durante la pandemia han dificultado la detección y respuesta a casos de violencia sexual. Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y expertos de la ONU han advertido sobre los efectos negativos de estos niveles de violencia en los derechos de los menores.

Fallo internacional y deficiencias en medidas estatales

En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Ecuador mejorar la detección y denuncia de casos de violencia sexual, capacitar al personal educativo y proporcionar asistencia a las víctimas. Sin embargo, el informe indica que estas recomendaciones no se han cumplido completamente y que casos similares siguen ocurriendo.

A pesar de los protocolos existentes, muchos casos no se reportan debido al desconocimiento o la falta de aplicación de los mismos. Además, la resistencia a enseñar temas de educación sexual integral y la falta de personal en los departamentos de consejería limitan la efectividad de las medidas preventivas.

Problemas en el sistema judicial

El sistema judicial enfrenta serias deficiencias, incluyendo la readmisión de docentes responsables de violencia sexual y la falta de experiencia de los funcionarios en casos de abuso. Los retrasos en los procesos judiciales contribuyen a la impunidad y afectan la seguridad de los menores en las escuelas.

Katherine La Puente enfatizó que la impunidad y la complicidad comprometen el derecho de niños y adolescentes a estar seguros en sus instituciones educativas.