Arduino Tomasi es investigador posdoctoral en la Universidad de Chicago. Es doctor en Ciencia Política por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Puedes encontrar más artículos en ecuadorenvivo.com/opinion/

La muerte de un ser querido nos fractura en un antes y un después: ciertas palabras pierden su significado habitual; la realidad se torna irreconocible. El psicoanalista francés Jacques Lacan denominó “lo Real” a estos eventos traumáticos que desafían nuestra capacidad de expresión, dejándonos sin palabras para nombrar la devastación causada.

Así como lo Real resiste la simbolización lingüística, en el período 1997-2022 existen 4,761 ecuatorianos cuyas muertes violentas son un enigma absoluto para el Estado. Se desconocen tanto las circunstancias del fallecimiento (homicidio, suicidio o accidente) como la causa exacta (ahorcamiento, estrangulamiento o disparo). Estas muertes fueron clasificadas como “Evento no especificado, de intención no determinada”, causa Y34 según la Clasificación Internacional de Enfermedades.

¿Qué sabemos? Aparentemente nada, como si la tierra los hubiera engullido. No obstante, un análisis colectivo de estos casos revela patrones inquietantes. Los tres máximos históricos ocurrieron durante la presidencia de Rafael Correa: 384 muertes anónimas en 2010; 398 en 2013; y un alarmante pico de 761 en 2014. Estos tres años concentran el 32.4% del total de casos en 26 años, una acumulación grotesca de cadáveres en tiempos de supuesta paz e inversión histórica en salud.

Curiosamente, estos años coinciden con caídas significativas en las incautaciones de cocaína. En 2009 se incautaron 130 toneladas, mientras que, en 2010, tras el cierre de la base de Manta, apenas 26. En 2013 y 2014, las incautaciones fueron de 76 y 58 toneladas respectivamente. Esto sugiere un posible vínculo con el debilitamiento de los esfuerzos antinarcóticos, aunque no explica todos los casos. La única certeza es nuestra probable incapacidad para dar sentido a estas muertes.

Cuando el Estado y la sociedad ecuatoriana finalmente enfrenten lo Real de estos 4,761 ciudadanos —cada uno de los cuales fue, indudablemente, alguien importante para alguien más— estaremos obligados a reconsiderar nuestra comprensión de la realidad. Surgirá entonces una nueva perspectiva que reconozca nuestro doble fracaso: el de proteger la vida de los ecuatorianos y el de otorgarles la dignidad póstuma de saber, al menos, de qué diablos se murieron.