La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció el martes 23 de julio el inicio de la investigación penal conocida como caso Triple A, la cual se centra en un presunto delito relacionado con la comercialización ilegal de combustibles en Guayaquil y Milagro.
A través de su cuenta en X, la FGE informó que se están llevando a cabo siete allanamientos en ambas ciudades, en los cuales se están revisando computadoras, documentos, facturas y otros dispositivos electrónicos.
Esta operación se realiza 12 días después de que el Gobierno Nacional presentara una denuncia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus dos hermanos y cinco personas adicionales, acusados de estar involucrados en el delito de comercialización ilegal de combustibles. La denuncia fue interpuesta el 11 de julio por Franklin Erreyes, director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
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La denuncia también incluye a dos empresas de venta y distribución de combustibles: Fuelcorp S.A. y Copedesa Gasgrupo S.A., siendo los hermanos Álvarez accionistas en esta última.
El alcalde Álvarez reconoció en su cuenta de X que uno de los allanamientos se realizó en su empresa. Expresó su disposición para colaborar plenamente con las autoridades, afirmando que no tienen nada que ocultar. Sin embargo, señaló que le habría resultado más conveniente recibir una solicitud directa de información en lugar de enfrentar estos allanamientos urgentes. Además, criticó que la Fiscalía haya utilizado los colores de Guayaquil en el diseño del logo del caso Triple A.
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