Luego de casi 16 horas de audiencia entre la tarde del sábado 20 y la madrugada del domingo 21 de julio de 2024, la segunda reinstalación de la diligencia preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial ha entrado en una etapa crucial.

El conjuez Julio Inga, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), comenzará a deliberar si procede a llamar a juicio al expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, y a la exvocal Maribel Barreno, junto a otros nueve acusados del delito de obstrucción a la justicia.

El viernes 19 de julio, la audiencia de habeas corpus de Terán, que duró aproximadamente cinco horas, también incluyó una solicitud de medida cautelar, la cual fue denegada. La diligencia se suspendió en la madrugada del domingo y se fijó una nueva fecha para el jueves 25 de julio a las 08:00 para continuar con la práctica de pruebas solicitadas.

Durante su intervención, Terán detalló incidentes ocurridos el 18 de julio en el centro carcelario La Roca, donde afirmó haber sufrido asfixia por gas lacrimógeno, mareos y vómitos. Expresó temores sobre su seguridad y solicitó pruebas adicionales para respaldar sus afirmaciones.

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El tribunal, compuesto por las juezas Ximena Velasteguí, María Cristina Terán e Hipatia Ortiz, aprobó varias de las pruebas solicitadas, incluyendo testimonios de reclusos presentes durante el incidente y reportes de diversas instituciones. No obstante, algunas solicitudes de pruebas y comisiones adicionales fueron desestimadas por el tribunal.

La investigación del caso se inició en 2022, en relación con presuntas irregularidades y tráfico de influencias de los exvocales Juan José M. y Maribel B. El caso fue asignado al juez Walter Macías Fernández, quien debía llevar a cabo la audiencia el 4 de mayo de 2023. Sin embargo, un día antes, Maribel B. presentó una demanda de recusación contra él, lo que llevó a la suspensión de la audiencia.

El 11 de mayo de 2023, el Consejo de la Judicatura suspendió al juez Macías tras una denuncia administrativa presentada el 8 de marzo de 2023 en el marco del caso “Las Torres”. La destitución del juez, calificada como “infracción gravísima”, se realizó en una sesión con irregularidades evidentes, donde solo dos de los cinco vocales votaron a favor de la sanción.

El caso, que involucra a un total de 11 procesados, también incluye a Xavier Muñoz, exvocal de la Judicatura, quien aceptó su culpabilidad y cooperó eficazmente, recibiendo una condena reducida a nueve meses de cárcel. La pena máxima por obstrucción a la justicia es de nueve años de prisión.

La decisión del conjuez Julio Inga sobre si procederá con el juicio será fundamental para el desarrollo futuro de este caso de gran relevancia judicial.