El gobierno de Panamá instaló barreras de alambres de púas en varios puntos de acceso al tapón del Darién, en la frontera con Colombia, para impedir el paso de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos.

“Se cerraron entre cuatro y cinco pasos por donde ingresaban migrantes irregulares a Panamá, conducidos por ‘coyotes’ (traficantes de personas), desde Colombia”, informó a través de un comunicado el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Ábrego.

El bloqueo de los cruces fronterizos en la selva del Darién es una de las primeras medidas para contener la migración que toma el gobierno de José Raúl Mulino, quien fue electo presidente de Panamá a principios de mayo.

“Vamos a cerrar el Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos”, dijo Mulino a mediados de abril, en plena campaña electoral.

Más de medio millón de personas cruzaron irregularmente el año pasado la densa selva que comparten Panamá y Colombia, una cifra histórica con respecto a los años anteriores, informaron las autoridades panameñas.

Entre enero y marzo de este año cruzaron más de 170.000 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, seguidos por ciudadanos de Ecuador, Haití, China y Colombia, reportó Migración Panamá.

En el marco de la toma de posesión de Mulino, Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo el 1 de julio para frenar la migración, en el que Washington se comprometió a aportar US$6 millones para financiar los costos de repatriación de los migrantes y otros gastos.

Críticas desde Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la decisión del gobierno panameño de bloquear el paso por el Darién.

“Los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar”, escribió en su cuenta de X. “La migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur”.

Panamá también ordenó el despliegue de patrullas del Servicio Nacional Aeronaval, tanto en las costas del Caribe como en las del Pacífico.

“En la decisión de instalar alambres de púas, Panamá no le pidió opinión a ningún otro país“, aseguró el ministro Ábrego en una entrevista con CNN.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia instó al gobierno de Petro a “solicitarles a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante es tener presente los postulados del derecho internacional de los derechos humanos”.

El organismo advirtió que debe garantizarse “refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional”.

Sin embargo, el gobierno panameño dijo que creó “un paso humanitario” para “el respeto de los derechos humanos”, que comienza en Cañas Blancas y culmina en la población de Lajas Blancas, donde los migrantes reciben asistencia humanitaria de organismos como la Cruz Roja, Unicef y Acnur.

Expertos cuestionan la viabilidad de esta propuesta debido a la geografía de esta área, que abarca cerca de 500 kilómetros cuadrados de bosques tropicales, donde no hay caminos formales para pasar desde Colombia hasta Panamá.

“La propuesta la veo poco viable porque por cada punto que se cierra puede que aparezcan tres nuevos más, silenciosos y no tan voluminosos, pero más peligrosos”, le dijo a BBC Mundo Diego Chaves-González, gerente senior del Instituto de Políticas de Migración (MIP, por sus siglas en inglés), con sede en Washington.