La Fiscalía General del Estado (FGE) dispuso el inicio de una investigación previa en contra de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proceso está a cargo de la Unidad de Fuero de Corte Nacional n.º 3 de la Fiscalía General del Estado.

La denuncia estaría relacionada con el pedido de Garzón para que se realice un seguimiento al trámite del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, que está suspendido desde el 17 de mayo de 2024 tras acogerse un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, y que se evalúe cada tres meses su estado de salud, pedido que fue admitido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Rafael Correa compartió el documento con el que se notificó a la asambleísta a la que reiteró su respaldo y dijo que se estaría abusando de la justicia penal para amedrentar.

El 11 de julio de 2024, la fiscal general Diana Salazar respondió con un enérgico comunicado contra la asambleísta Gissela Garzón, quien solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) supervisar el estado del juicio político de la Fiscal que fue suspendido por un embarazo de alto. Salazar indicó que publicar información sobre mujeres embarazadas es sancionado por la ley.

“Con mis hijas nadie se va a meter. Como madre y como mujer les digo: Ya basta”, publicó la fiscal, junto a una carta dirigida a la opinión pública.

Salazar sostiene que esa información ha sido filtrada por una mujer, aunque no da nombres ni aclara que proviene de la Asamblea. “Esta filtración (…) viola mis derechos -como ciudadana y como mujer embarazada- a la privacidad y la confidencialidad”, detalla.

“Mi vida privada, la vida que crece dentro de mí, la privacidad de mi familia y nuestra seguridad no son cuestiones que le atañan a nadie más que a nosotros como familia”, añade.