Rodrigo López Santos, catedrático de economía de la Universidad San Francisco de Quito, expresó su preocupación sobre el impacto económico que generará el cierre de las operaciones petroleras en el Bloque 43, más conocido como ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini), en el Yasuní. Este cierre se realizará en cumplimiento del pronunciamiento popular, y está previsto que ocurra en 45 días.

A su criterio, se debería declarar la inaplicabilidad de la consulta popular del Yasuní, basándose en una interpretación técnica de los derechos del subsuelo. Esta medida, aunque controversial, permitiría evitar el cierre inmediato de las operaciones y mitigar el impacto económico significativo que esto tendría en el país, dijo en entrevista para Ecuavisa.

Según López Santos, una alternativa sería extender el plazo para el cierre de ITT por cinco años, lo que proporcionaría tiempo para buscar soluciones viables y planificar una transición hacia energías más limpias.

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El Observatorio de la Política Fiscal estima que el cierre del Bloque 43 podría costar al país alrededor de 13 mil millones de dólares. Sin embargo, un documento elaborado por el catedrático y otros profesores de la Universidad San Francisco de Quito proyecta que el impacto económico podría superar los 177 mil millones de dólares en un período de 20 años. Esta cifra incluye no solo la pérdida de ingresos petroleros, sino también los costos asociados a la extracción de infraestructura, indemnizaciones laborales, y la compensación por la terminación anticipada de contratos de prestación de servicios.

Además, subrayó que la falta de estos ingresos afectaría gravemente la liquidez del Estado, comprometiendo su capacidad para cumplir con obligaciones financieras, pagar a proveedores, y financiar proyectos sociales, especialmente en la región amazónica. Esto podría resultar en una reducción del dinamismo económico, aumento del desempleo y mayor pobreza.

A pesar de estas preocupaciones, López Santos reconoció que existen alternativas para compensar la pérdida de ingresos, como la reducción del gasto tributario, la electrificación del transporte público, y la lucha contra la evasión fiscal. Pero, enfatizó la necesidad de implementar estas medidas de manera efectiva para evitar una crisis económica.