La investigación del llamado Caso Nene, que ha puesto bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado (FGE) un presunto esquema de oferta de tráfico de influencias, que salpica a la Vicepresidencia de la República Verónica Abad y a su hijo Sebastián Barreiro, sigue arrojando sorpresas. Se lo procesa como oferta, porque el presunto delito no llegó a concretarse, según el denunciante.

Este martes 16 de julio de 2024, Rommel Pérez, presunta víctima y quien denunció el caso, en su testimonio anticipado rendido en en el Complejo Judicial Norte de Quito, en un relato que parece sacado de una novela de intriga, dijo que realizó un viaje en jet privado con Daniel Redrován, supuesto asesor de la segunda mandataria, con ella, su hijo y otros familiares.

El supuesto viaje, cargado de connotaciones de lujo y poder, abre nuevas interrogantes sobre la posible conexión entre estos eventos y las acusaciones de tráfico de influencias planteadas por Pérez contra Barreiro y Redrován, a quienes acusa de haberle solicitado una significativa suma de dinero a cambio de colocarlo en un alto cargo en una institución gubernamental, hecho sobre el cual, asegura, Verónica Abada estaba al tanto.

Para la FGE, este testimonio anticipado constituye un elemento crucial en su línea investigativa, que podría fortalecer las acusaciones contra los implicados y desentrañar una red de corrupción de alto nivel, sobre la que Verónica Abad estaría informada.

La madrugada del 22 de marzo de 2024, en respuesta a un pedido de la Fiscalía, se dictó prisión preventiva para Francisco Barreiro. Su abogado Víctor Vásconez Merelo apeló sin éxito y ese mismo día, el hijo de la segunda mandataria, fue capturado en la ciudad de Cuenca, luego fue trasladado a Quito, en donde se realizó al audiencia de formulación de cargos. Cumplido esto, fue llevado a la cárcel de máxima seguridad ‘La Roca‘, en Guayaquil.

En el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establece la sanción para la persona que «ofreciéndose a realizar» el delito de tráfico de influencias solicite «donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o económicos indebidos».

La pena por este delito es de tres a cinco años de prisión. Además, la ley incluye que se aplicará el máximo de la pena si los actos se realizan «aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción«.